Hace pocos días todos fuimos testigos y partícipes del reclamo por una ley de aborto que brinde la posibilidad a toda la población de decidir y definirse en un marco de seguridad y salubridad pública. Y aunque pareciera que el asunto en sí está bastante claro, no faltan (y, a decir verdad, abundan) las confusiones y la mezcolanza de conceptos y argumentos que terminan, como siempre, llevando la discusión hacia donde no corresponde.

La cuestión es simple: la legalización del aborto no significa la normalización del aborto; esto es, que no por ser legal va a pasar a ser norma. Las mujeres que deciden abortar lo hacen con o sin amparo jurídico y eso no va a variar porque los motivos para cada una son particulares y no se determinan por la habilitación de la intervención; no se pide permiso para marcar un camino a seguir como individuos. Acá lo que varía y de manera vital con la legalización del aborto es cuántas de esas mujeres salen vivas y sanas en el proceso.

Este aspecto, hoy por hoy, es delimitado por lo económico casi de manera exclusiva, ya que hay un abismo entre las mujeres y familias que tienen el dinero que hace falta para pagar una intervención clandestina en un centro más seguro (y nunca del todo seguro, ya que en la ilegalidad la falta de parámetros estandarizados y controles de calidad y atención hacen que la confianza sea básicamente lo único de qué agarrarse), tienen mayores probabilidades de sobrevivir y continuar con sus vidas y su salud que aquellas que no tienen los recursos y que terminan, o bien cayendo con algún chanta improvisado que les cobre poco y las arriesgue mucho, o incluso sometiéndose a flagelos que nunca, jamás, pueden llevarse a cabo sin hacer mucho daño físico, emocional y hasta existencial. Y esto sólo viendo a las que sobreviven, porque están a la luz los datos de la cantidad de mujeres que mueren en estos procedimientos y las cifras no mejoran ni mejorarán mientras discutimos si nos parece correcto o incorrecto en base a nuestros propios prejuicios e ignorancias. Las cifras cambian y mejoran cuando se generan políticas y marcos legales para que aquello que ya se hace en la clandestinidad, se haga bajo el resguardo de un Estado que tiene el deber y la obligación de brindarle a su pueblo las herramientas e instituciones necesarias para vivir y dignificarse.

Esto ya lo vimos

Cuando en Argentina se comenzó a discutir la legalidad del divorcio pasó algo similar: en lugar de hablar de los derechos individuales de las personas a elegir con quién hacer pareja y a quién amar o dejar de hacerlo, el foco estaba en la destrucción de la institución del matrimonio, la sagrada familia y cuanta moralina barata hubiera de oferta en la vuelta. Y cuando finalmente la ley salió, las personas no salieron por deporte a divorciarse sólo porque estaba permitido, sino que pudieron optar por hacerlo en lugar de sostener matrimonios sin amor y con mucha represión sólo porque un texto así lo exigía.

Acá la base es la misma: con la legalización del aborto las mujeres no van a salir en patota y por deporte, sino que aquellas que decidan hacerlo podrán estar protegidas, informadas y preparadas para continuar siendo quienes son, sin importar cuán bien o mal eso le caiga al resto de los individuos.

De un lado hay datos con rostros, estudios y certezas, y del otro lado sólo hay prejuicios y subjetividades propias de la intolerancia que nace del sentido común colonizado por aquellos que sólo buscan que nos odiemos los unos a los otros, mientras ellos se llenan de plata los bolsillos y de sangre las manos.

No caigamos en la trampa, lo que se necesita es una ley integral para que toda la problemática sea contemplada y para entender esto sólo hay que leer con atención el lema de esta batalla librada:

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.”

Y si no se entiende, es porque no se quiere.

Por Romina Rocha