En la reciente pulseada por la liberación de Lula da Silva quedó en evidencia una de las principales tácticas de la guerra no convencional del poder fáctico concentrado a nivel regional y mundial para evitar que vuelva a haber una ola de gobiernos populares en América Latina: el llamado “lawfare”, que viene aplicándose abiertamente en Brasil —como pudimos corroborar el pasado domingo 8 de julio—, pero también en Ecuador y en Argentina, todavía de modo un tanto más disimulado e insidioso.

El “lawfare” es el uso indebido de instrumentos jurídicos y del propio poder judicial para la persecución política de opositores, con el fin de desgastarlos hasta la destrucción de su imagen pública y finalmente encarcelarlos para su proscripción. El “lawfare” es eso, la forma más actual de proscripción de referentes del campo nacional y popular en todo el continente, y viene avanzado a toda marcha.

El juez Rogério Favreto determinó la liberación de Lula de modo reiterado a lo largo de todo el domingo, 8 de julio, pero fue simplemente ignorado por la Policía Federal de Brasil. Al no cumplirse una serie de órdenes judiciales muy claras, lo que quedó en evidencia es que Sergio Moro es el carcelero de Lula y tiene órdenes expresas del poder en el sentido de no liberarlo bajo ninguna circunstancia, ni que para ello sea necesario destapar toda la podredumbre que existe hoy en el poder judicial y el aparato represivo del Estado en Brasil.

La situación de Lula da Silva en Brasil es un escándalo de proporciones universales que pone en evidencia toda la táctica del “lawfare”. Acusado sin pruebas por cualquier nimiedad (la supuesta propiedad de un inmueble), Lula terminó en la cárcel, hasta el momento inhabilitado a presentarse a las elecciones del próximo mes de octubre. El 8 de julio, un juez de turno le concedió a Lula un habeas corpus y determinó su inmediata liberación, lo que finalmente no ocurrió. Pero justamente al no cumplirse la orden del juez Rogelio Favreto y al no producirse la liberación de Lula, lo que se ha logrado fue dejar al descubierto la monstruosidad del “lawfare” que se aplica hoy en Brasil para mantener a Lula detenido hasta octubre, o por lo menos hasta que pase el plazo de presentación de las listas de candidatos. Las maniobras coordinadas entre el sector funcional del poder judicial, los medios de difusión y la Policía Federal de Brasil para impedir que Lula saliera de prisión demostraron de modo cabal ese “lawfare” y pusieron en alerta a los que militamos la causa de las mayorías populares aquí en Argentina. Lula tendría hoy alrededor del 40% de la intención de voto si llegara a ser candidato y mucha ventaja sobre su primer perseguidor, que no superaría los 13%. Por lo tanto, se ve claramente la necesidad de los sectores de poder concentrado de que Lula no salga de prisión, aunque esté evidente que se trata de un preso político. Lo que ese poder necesita es prolongar el “lawfare” por dos o tres meses más, torcer la voluntad popular e imponer un candidato que les sea funcional a sus intereses particulares. Y ese candidato no podría jamás ser Lula da Silva.

Hay aquí una realidad insoslayable: solo pueden ganar las elecciones los que se presenten como candidatos en esas elecciones. Es cierto que, en caso de seguir el “lawfare” y la proscripción, habrá muchos simpatizantes de Lula que votarían en blanco o directamente ni irían a votar, pero eso es irrelevante. Alguno de los candidatos disponibles en las listas las va a ganar igual y lo que el poder económico necesita evitar es que uno de ellos sea Lula da Silva. He ahí el objetivo de esta táctica de guerra no convencional: el torcer la voluntad popular e imponer en el gobierno a un ganador que no vaya a representar los intereses de los pueblos, sino los de las corporaciones.

¿Por qué, más allá del evidente interés que el peronismo tiene en el asunto de la Patria Grande, debería preocuparnos el “lawfare” del que hoy son víctimas Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador? Porque esa misma táctica ya se está aplicando en nuestro país para impedir que el peronismo pueda unificarse en torno a la figura de Cristina Fernández para ganar las elecciones del año que viene y desalojar al gobierno neoliberal.

El impresentable juez de primera instancia Sergio Moro, junto a sus no menos impresentables pares argentinos Ricardo Lorenzetti (actual titular de la Corte Suprema) y Claudio Bonadío, que ejerce sobre Cristina Fernández de Kirchner la misma persecución y aplica el mismo lawfare que Moro utiliza para mantener a Lula preso en Brasil.

El poder de las corporaciones mide de modo permanente y sabe en todo momento qué es lo que debe hacer. Faltan pocos meses para que empiecen a moverse los que serán candidatos en las próximas elecciones y unos meses más para que empiece la campaña de cara a octubre de 2019. Por lo que vemos en Brasil, si el peronismo lograra la tan anhelada unidad y Cristina empezara medir por encima o cerca de los 40% necesarios para ganar directamente en primera vuelta —lo que probablemente va a ocurrir, porque ya mide por encima de los 30% sin que la unidad esté resuelta—, el “lawfare” que hoy ya se aplica contra Cristina a cuentagotas, con desfile por tribunales cada dos o tres meses, se intensificará y resultará necesariamente en el encarcelamiento de esta referente popular para evitar que pueda presentarse en las listas del peronismo. Lula da Silva está preso por un inmueble cuya propiedad no pudo ser probada por ningún fiscal o juez, aunque se ha investigado exhaustivamente por años. Y sin embargo sigue preso, mientras a los dirigentes de las corporaciones con infinidad de causas y pruebas en su contra no se les toca. No deberá extrañarnos que intenten encarcelar a Cristina en el marco de la causa Nisman, sin pruebas, al igual que en el caso de Lula, con la complicidad de los medios de difusión y la labor de persecución por parte del poder judicial, que en Argentina es igual de corrupto y funcional al poder económico que en Brasil y en Ecuador.

A los peronistas, por lo tanto, no nos conviene esperar “a ver qué pasa”, sino actuar desde ya para denunciar y desactivar la táctica del “lawfare” que pretenden aplicarnos para torcer la voluntad del pueblo argentino, que necesita ya un nuevo ciclo de gobierno nacional y popular porque literalmente no aguanta más.

Marco Antonio Leiva
Referente de Identidad Peronista
Mar del Plata