Si bien los medios dominantes siguen haciendo silencio respecto a las graves denuncias que pesan sobre el fiscal Carlos Stornelli y probablemente logren invisibilizar el asunto por algún tiempo, el mensaje ya llegó a su destino y es claro: el peronismo no es el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) y no se va a quedar en el molde frente al intento de desguace judicial de la política.

Hay que decirlo de una vez: tanto Stornelli como Bonadío, al igual que el juez Moro en Brasil, son unos pazzos. Son meros instrumentos del poder real para destruir la política mediante el lawfare contra los dirigentes que se oponen a la dictadura que las corporaciones quieren imponer en América Latina. Los nombres de los que realmente llevan a cabo toda esta movida de persecución judicial están todavía muy lejos de darse a conocer.

La finalidad del lawfare en Brasil y en Argentina es evitar “por las buenas” que un gobierno de tipo nacional-popular se instale, haga pie y obtenga el control real de instituciones clave de la sociedad para la correlación de fuerzas en un país. En una palabra, lo que quieren evitar con el lawfare es que aparezca un chavismo como el de Venezuela, el que al copar las fuerzas armadas, el propio Poder Judicial y otras instituciones de la sociedad venezolana es virtualmente inmune a intentos de golpes de Estado.

La única forma de voltear a un gobierno nacional-popular como el de Venezuela es mediante la intervención militar por parte una potencia occidental, esto es, ahora solo pueden destruir ese gobierno del pueblo “por las malas”, porque no lograron hacerlo en su momento “por las buenas” con un lawfare que entonces no se había puesto de moda.

Entonces destruyeron el gobierno del PT de Brasil con una intensa y extensa campaña de desgaste mediático seguida de una feroz persecución judicial que resultaron en la detención del principal referente de esa fuerza política y en el amedrentamiento de todos los demás. En Brasil no va a haber intervención yanqui, el Parlamento Europeo no tendrá que reconocer a ningún “presidente encargado” ni nadie va a hablar de fraude en las elecciones. Ya con el lawfare alcanzó y el poder está en manos del poderoso de siempre, que gobierna mediante títeres, los pazzos, que todo lo hacen por una moneda, una caricia o incluso menos que eso.

Quieren hacer lo mismo en Argentina y quieren darle al peronismo un trato similar al que le dieron al PT en Brasil. Lo que ellos quieren es —a partir de la campaña de desgaste mediático que ya lleva más de 10 años y logró instalar la zoncera de la corrupción en el sentido común— encarcelar a la principal dirigente del peronismo, proscribirla y descabezar así el movimiento, entregando el triunfo electoral a los cipayos que hoy se presentan con la marca de Cambiemos en una bandeja de plata, para que estos puedan seguir vendiendo la patria desde el Estado.

Fiscales y jueces del imperialismo: Carlos Stornelli y Claudio Bonadío, confraternizando en la embajada de los Estados Unidos.

Pero he ahí que el peronismo en Argentina tiene un recorrido de instalación en las instituciones mucho más largo que el del PT en Brasil y ha podido establecer algunos límites, algún Rubicón o punto de no retorno que no debe cruzarse.

Para encarcelar y proscribir a Cristina han optado por la vía de apretar previamente al peronismo entero. Entonces a un juez instrumento del poder como Claudio Bonadío se le encarga la tarea de procesar a unos 100 intendentes peronistas en una causa tan ridícula como casi todas las demás causas que se siguen contra dirigentes del peronismo. Bonadío simplemente procede contra esa multitud de intendentes, sin tener en cuenta que la mayoría de ellos tiene todos los papeles en regla para demostrar que ahí solo hay humo.

¿Por qué Bonadío hace ese mamarracho? Porque lo que se busca con el lawfare no es tanto la condenación judicial de los acusados, sino más bien instalar mediáticamente la culpabilidad en un año electoral, destruir el peronismo en 100 distritos y sumar todos esos votos y esas intendencias para Cambiemos. Cuando se vea más tarde que los acusados eran inocentes, Bonadío con mucho gusto los va a absolver de culpa y cargo, pero ya habrán pasado las elecciones y el daño ya va a estar hecho.

Así es como funciona el lawfare y así es como hicieron y siguen haciendo con Lula en Brasil. Pero aquí han cruzado el Rubicón y el peronismo ya entendió que es necesario cortar con esto o sufrir las consecuencias más tarde.

En los pasillos judiciales siempre se supo que Stornelli es un coimero y un corrupto, que ha sido empleado de Macri en Boca para controlar los negocios turbios de la barrabrava y una infinidad de chanchullos más. Y lo mismo pasa con Bonadío, del que están documentados todos los delitos y hasta crímenes. Y la razón de esto es muy sencilla: nadie llega a ser un Stornelli o un Bonadío sin dejar por el camino un tendal de cadáveres y dichos cadáveres quedan debidamente registrados por los inteligentes muchachos que ante la mejor oferta trabajan tanto para un bando como para el otro y tienen jugosas carpetas para presentar en cualquier momento.

Siempre se supo todo y ahora sale a luz, sale cuando tiene que salir para cumplir el propósito de equilibrar el tablero y de hacer justicia. ¿Querían guerra? La van a tener y se van a tener que bancar las consecuencias, porque el peronismo —otra vez— no es el PT de Brasil ni Cristina es Lula da Silva.

En declaraciones a una radio porteña, el gran militante peronista Dady Brieva dijo que al peronismo le había faltado maldad para gobernar y que por eso el enemigo gorila logró el triunfo. Dady tiene razón y quizá se la estemos dando ahora, al recuperar esa cuota de maldad que tanto hace falta en política para lidiar con el mal. A Bonadío ya le llegó el mensaje y ahora solo nos resta esperar que no hagan de Stornelli un nuevo Nisman para anotarlo en nuestra cuenta y embarrar toda la cancha una vez más. Ellos son capaces de hacerlo y ya deben estar estudiando la viabilidad del proyecto, puesto que la maldad de la que nosotros carecemos a ellos les sobra.