El sentido común sabe y es una cosa ancestral la verdad de que la peor pesadilla de cualquier policía, juez o fiscal e ir a dar con los huesos en la cárcel. La cárcel, ese lugar poblado por gente que allí está por la acción, justamente, de policías, jueces y fiscales. Entonces el sentido común sabe o presiente que al igual que los violadores, los policías, los jueces y los fiscales no la pasan muy bien cuando están en la gayola.

No es, por cierto, algo que ocurra con mucha frecuencia. Entre los que se ocupan de la moral y del comportamiento ajeno y en teoría aplican la ley en la sociedad existe mucha complicidad para evitar que alguno de la “familia” termine preso. Para que eso ocurra, el crimen o el delito cometido debe ser demasiado ostensivo, demasiado evidente y escandaloso como para que se disimule en la maraña legal y no resulte en castigo de cárcel para el perpetrador. Entonces a los pares no les queda otra opción que “soltarle la mano” al que cayó en desgracia y permitir que vaya en cana.

Ahora bien, hay pocos delitos tan ostensivos y escandalosos en la actualidad como los cometidos por el fiscal Carlos Stornelli. Y, sin embargo, nadie le suelta la mano a Stornelli. El fiscal no solo sigue libre, sino que además sigue administrando “justicia” contra otros y se pasea por los canales de televisión hablando de cualquier otra cosa menos del delito que cometió y que está documentado en video, salvo si es para gritar que se trata de una operación de gente que está presa gracias a él.

He ahí la idea que se instala actualmente en el sentido común: los que acusan a Stornelli lo hacen por venganza. Entonces Stornelli debe estar haciendo las cosas bien, lo que dicen de él debe ser calumnia y no corresponde ni siquiera investigarlo. Stornelli es víctima de una persecución por ser un buen fiscal. A otro tema.

Portada de Clarín en el día de hoy, 12 de febrero, luego de varios días de silencio sobre el caso. Esta es la maniobra de instalación de la idea de que Stornelli es víctima del lawfare, cuando en realidad es un brazo ejecutor de esa guerra de judicial.

Pero no es así de simple, no basta con decir que fulano está siendo perseguido por su actuación en el campo de la política o de la justicia. De hecho, ese es el principal argumento que utilizamos “de este lado” para defender a Cristina Fernández y a otros dirigentes de lo nacional-popular: a raíz de su actuación en la política, se les impone una persecución judicial y las acusaciones que los perseguidores hacen pesar sobre ellos son puras calumnias. Nosotros estamos seguros de que es así, porque además nadie pudo probar nada hasta el momento, no hay pruebas de que Cristina haya cometido ninguno de los ilícitos que se le adjudican. Entonces es una persecución, es la estrategia del lawfare, de la que siempre hablamos. Pero la persecución sigue y da la impresión de que Cristina está siempre a un paso de la cárcel, de que es solo cuestión de que un juez lo decida y listo.

No es solo una impresión. Basta con recordar que Lula da Silva está preso hoy y hace ya casi un año por “íntima convicción” de un juez de primera instancia que, sin tener ni una sola prueba de que Lula haya cometido un delito, lo envió a la cárcel de igual manera y trastocó el resultado de las elecciones en la sexta potencia económica a nivel mundial. No hay pruebas, es una persecución judicial a todas luces y tenemos la certeza de que eso es así, aunque Lula sigue preso y Cristina parece estar siempre al filo. Entonces el argumento solo de que alguien está siendo perseguido por su actuación en la vida pública no es suficiente para que esa persecución cese. Stornelli necesita algo más para no ir preso.

Y ese algo más es la opinión de las mayorías, que se forma por acción u omisión. Por acción, cuando activamente se les hace creer a las mayorías que algo es de determinada manera. Y por omisión, cuando no se les informa a las mayorías que algo es de determinada manera. No es igual, aunque el resultado en siempre el mismo.

Lo que está pasando es que la verdad de que Carlos Stornelli es un coimero y un corrupto es conocida solo por nosotros, por las minorías. Y es por eso que Stornelli sigue libre: porque la mal llamada “justicia” en Argentina nunca fue independiente como presume de ser, sino que se movió siempre de acuerdo a la opinión pública. Para que alguien gravitante esté preso o no, es necesario que exista un consenso social. El consenso social hoy —pese a que existen pruebas cabales de la comisión de delitos por parte del fiscal— acerca de que Stornelli debe estar preso no existe.

El magistral Quino decía que la opinión pública es la opinión privada, sin que la opinión pública sepa que eso es así. El consenso social respecto a que Stornelli tiene ser rápidamente detenido no existe porque los privados encargados de moldear la opinión pública no están informando sobre el uso deshonesto que Stornelli hizo de su poder de fiscal. Entonces el consenso social necesario para que la “justicia” actúe no se forma y, por lo tanto, la “justicia” no actúa.

Alguien dirá que a esta altura todo el mundo ya sabe que Stornelli es corrupto, aunque no lo digan los grandes medios de difusión, y eso es cierto. De alguna manera la información ya se filtró por las redes sociales e incluso el adoctrinado por los medios del poder ya se enteró del caso. Pero la opinión pública no se moldea por información, sino por intensidad: una idea no se instala en sentido común porque aparece en las redes sociales o porque la estén gritando durante algunos días o semanas los comunicadores cuyo público somos las minorías. Una idea se instala de verdad cuando los grandes medios de difusión la repiten todos los días en la portada de sus diarios, en los zócalos de sus canales y en los titulares de sus informativos radiales. En una palabra, para el que no piensa por cuenta propia (que es mayoría en este y en todos los países) una verdad solo es verdad cuando se la ve repetida miles de veces por todas partes y tiene, al fin, aspecto de verdad. “Si todo el mundo lo dice”, concluye ese individuo manipulado, “entonces debe ser cierto”.

Es por eso, por ejemplo, que la causa por los “aportantes truchos” de María Eugenia Vidal nunca prendió y ya cayó en el olvido, pese a que se trataba de un escándalo de grandes proporciones con todas las pruebas del caso a la vista de cualquiera. Los grandes medios informaron sobre ese chanchullo, la información estuvo y está. Lo que nunca estuvo ni está es la intensidad: no hubo centenares de tapas de Clarín con María Eugenia Vidal “cada vez más complicada”, como sí hubo para Amado Boudou.

Boudou ya estuvo preso dos veces y probablemente vuelva a entrar cuando eso sea útil para los intereses de quienes moldean la opinión pública. María Eugenia Vidal sigue gobernando la provincia de Buenos Aires, maltratando docentes y pensando en ser presidenta ya a partir del 10 de diciembre de este año. El 99,9% de los que creen que Boudou debe estar preso no serían capaces de precisar qué delitos habría cometido Boudou para estarlo, menos que menos presentar alguna prueba del supuesto ilícito. Ya en el caso de María Eugenia Vidal, hay pruebas cabales, hay testimonios, hay denuncias de gente cercana, hay confesiones, hay el diablo. Es la propia obviedad ululante, tanto el que Boudou no puede ser condenado por nada como el que María Eugenia Vidal debería ser inmediatamente arrojada a un calabozo.

El problema no está en la “justicia”, que es el Poder Judicial y es puro sentido común, es solo un reflejo de la opinión pública de las mayorías. El problema está en quienes determinan la intensidad de la información y así forman la opinión pública sobre lo que es verdad y lo que no lo es. Esos son los medios de difusión, que son empresas privadas que persiguen el objetivo natural de cualquier empresa privada: el lucro. Ningún medio privado existe para informar a nadie, sino para operar por sus propios intereses y garantizar así el lucro constante.

Cortar ese nudo gordiano requiere de mucho más que una ley de medios. Para terminar con la manipulación de la opinión pública por intensidad hay que ganar las elecciones a como dé lugar y rápidamente destruir la propiedad privada de los medios de difusión. La legalidad no es una cuestión de justicia, es una cuestión de poder. La esclavitud fue legal mientras existió, así como el Apartheid, el Holocausto y todas las demás barbaridades de la historia. Mientras esos medios sigan en manos del poder fáctico de las corporaciones, Boudou va a estar siempre “complicado” y Stornelli siempre será víctima de persecución por ser un “buen fiscal”, aunque sea todo al revés. Y todo eso va a ser legal.