En las páginas del Diario Clarín de hoy la “periodista” Lucía Salinas “informa” que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó la otra vez la excarcelación de Amado Boudou y determinó que el exvicepresidente de la Nación vuelva al penal de Ezeiza. Según la operadora Salinas, los jueces consideran que todavía existen riesgos procesales para la causa de Ciccone Calcográfica.

Mientras Boudou transita el camino hacia el penal, el 99,9% de los que festejan nuevamente su detención son incapaces de decir sin repetir y sin soplar por qué exactamente el hombre está preso. “Se quedó con la maquinita de imprimir billetes”, grita uno. “Vivía en un médano”, “era el rey del 08 trucho en Mar del Plata”, afirma el otro. Y la verdad es que sí, Boudou tiene un larguísimo prontuario, aunque de esa hoja no consta ninguna máquina de hacer billetes ni fraudes en la transferencia de vehículos. Boudou está preso por otros “delitos”.

No está de más recordar que en el caso de Ciccone, Boudou fue condenado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Y esa condena tiene lugar en el mismo país donde un J. J. Aranguren sale de Shell y sin escalas va a ocupar el Ministerio de Energía de la Nación, lugar desde el que esquiló al pueblo argentino con las tarifas para favorecer justamente a Shell, empresa de la que tiene la camiseta puesta hasta los días de hoy.

Para los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal esta es la imagen de un individuo que representa un riesgo para la investigación y que tiene probabilidad de fugarse. Estos son los criterios de la “justicia” argentina.

La detención de Boudou por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” ocurre en el país cuyo presidente hace negocios todos los días en ambos lados del mostrador. El ejemplo más reciente de dichos negociados es tan reciente que espanta: la adquisición de parques eólicos en sociedad con algún exfutbolista en actividad conocido como “el jugador del pueblo”. Macri favorece la expansión del negocio y compra acciones en el mismo, todo a la vez, sin que nada de esto al Poder Judicial le parezca configurar ninguna “incompatibilidad con el ejercicio de la función pública”. Esto está pasando hoy mientras hablamos de Boudou.

Entonces Boudou no está preso por nada que se asemeje a una “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”, porque si eso fuera delito en Argentina, entonces tendrían que marchar presos primero muchos otros personajes y probablemente no habría lugar en ningún penal para albergar a Boudou en caso de que le tocara el turno.

Boudou está preso por tercera vez por haber cometido el grave delito de avanzar sobre los intereses de aquellos que realmente cortan el bacalao en este país y definen quién debe estar preso y quién no: los grupos económicos del poder fáctico concentrado, esto es, el poder del dinero o las corporaciones, como queramos llamarlo, entre las que se encuentra el Grupo Clarín.

Lo que ni Clarín ni los jueces al servicio de las corporaciones dicen ni pueden decir es que Amado Boudou está preso, en realidad, por imprudente. En octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández empezaba a retomar la iniciativa después del lock-out patronal golpista (el mal llamado “paro del campo”) y lanzaba una serie de medidas orientadas a favorecer al pueblo argentino en detrimento de la oligarquía. Una de esas medidas fue la reestatización de los fondos de jubilaciones y pensiones que entonces estaban en la timba financiera de las AFJP.

Con el fin de las AFJP y la transferencia de los multimillonarios fondos a ANSES, el gobierno de Cristina Fernández lograba la financiación necesaria para llevar a cabo una serie de políticas sociales orientadas a achicar la brecha de la desigualdad mediante la justicia social. Esas políticas fueron las asignaciones por hijo, por embarazo y familiar, la moratoria previsional, la jubilación de amas de casa y hasta el programa Conectar Igualdad, entre muchos otros. Amado Boudou es el artífice de la estatización de esos fondos, que fueron la piedra angular del programa de gobierno nacional-popular para devolverles la dignidad a millones de argentinos antes habituados a comer de la basura o a morir de hambre en silencio.

El caso es que el Grupo Clarín venía haciendo negocios de lleno con las AFJP y el desguace de la timba cayó muy mal en las oficinas de Héctor Magnetto. Unos meses antes del estallido de la crisis financiera internacional generada por la burbuja de las hipotecas subprime en Occidente, una millonada de acciones del Grupo Clarín fue comprada por las AFJP —con la plata de los jubilados, evidentemente— por la suma de 35 pesos la unidad. Unos meses después, esas mismas acciones abruptamente bajaron al nivel de 9 pesos por unidad, configurando lo que el célebre “arrepentido” y exvicepresidente de la JP Morgan Hernán Arbizu calificó ante la justicia como “el saqueo de las AFJP”.

Las verdaderas razones por las que Boudou vuelve a prisión, en un collage de tres imágenes.

El delito de Boudou, por lo tanto, fue el meterse en ese asunto para terminar con un curro de los vivos de siempre. Boudou firmó su propia condena el día en que fue a llevarle al entonces jefe de gabinete Sergio Massa la idea de utilizar el dinero de la timba para favorecer al pueblo argentino. Ese día, pese a las risas nerviosas de un Massa que sabía cuan caliente era esa papa, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández decidieron que el proyecto era viable y ordenaron su ejecución. Y ese día Boudou cometía el delito por el que vuelve a estar preso por tercera vez en menos de un año y medio.

Amado Boudou está preso porque se atrevió a desafiar la máxima de que la legalidad no es una cuestión de justicia, sino una cuestión de poder. Cuando lo que está en juego es la política real, es decir, la cuestión de pesos y centavos y del destino de esos pesos y centavos, todos los fallos y decisiones están subordinados a los intereses. No es justicia, es poder. Justicia es destruir una timba financiera para ampliar derechos a las mayorías invisibles y, en ese sentido, la “justicia” vuelve a enviar a Amado Boudou a prisión por el delito de hacer justicia, lo que para los dueños de nuestro país es una falta gravísima.

Sí, es venganza lo que hacen. Y aprovechan la movida, por cierto, para distraer. Si el pueblo-nación argentino vuelve alguna vez a tener las riendas de su propio destino con el poder en el Estado, deberá aplicar los mismos criterios contra los que hoy mandan y envían a prisión por tercera vez a un padre de familia con hijos pequeños para satisfacer su sed de revancha y confundir al pueblo en un año electoral. El que se vale de esos métodos para ganar la guerra no es digno de la propia guerra, no es digno de nada. No es digno. Y como tal, como un indigno, deberá ser tratado cuando el poder necesario para torcer la legalidad recaiga sobre los que hoy no tenemos ningún poder.

La marea ya está cambiando y cuando cambie, allí veremos de qué se van a disfrazar los que hoy rompen los códigos que durante 500 años ordenaron la política moderna.