La Argentina conmemora otro 24 de marzo, pero no es un 24 de marzo común y corriente: estamos recordando el asalto al poder político en el Estado por parte de una banda delictiva —una auténtica asociación ilícita, que es la categoría de moda en boca de los arman todas las asociaciones ilícitas— mientras esa misma banda gobierna otra vez. Los repudiados en la memoria del golpe de 1976 tienen hoy el poder en el Estado y han llegado allí en esta ocasión sin la necesidad de emplear las armas.

La afirmación es fuerte. Se quiere significar que los argentinos estamos pidiendo memoria, verdad y justicia para un Proceso que no solo nunca terminó, sino que sigue vigente en la lucha política a punto de triunfar electoralmente. Estamos hablando de juicio y castigo para golpistas de antaño. ¿Qué pasa con los golpistas de hoy?

El asunto que motiva este artículo no es agradable para el atento lector. En realidad, es un tirón de orejas. De un modo general, lo de “memoria, verdad y justicia” hoy en Argentina no pasa de un eslogan. Y eso no es bueno. Cuando la consigna que orienta la lucha política pasa a repetirse mecánicamente, como un mantra, sin que medie en esa repetición una profunda reflexión sobre la consigna repetida, lo que se pierde es el objeto de la lucha. En una palabra, nos hemos acostumbrados a conmemorar y hacer duelo por un genocidio que tuvo lugar hace ya más de cuatro décadas, pero invisibilizamos las causas de dicho genocidio o simplemente obviamos atacar la enfermedad.

La dictadura iniciada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se asocia fuertemente en nuestra cultura con la imagen de la gorra, que es la imagen de lo militar. Desde el Juicio a las Juntas hasta la reactivación de las causas contra los militares involucrados en la dictadura fuimos muy exitosos en darles castigo a dichos militares. Bien mirada la cosa, el pueblo-nación argentino es el único en la historia de la humanidad que ha sido capaz de hacer justicia con sus propios genocidas. Hasta los muy desarrollados alemanes necesitaron un tribunal ajeno para juzgar a sus nazis, declarándose así los alemanes incompetentes para hacerlo.

Otros países teóricamente más desarrollados que la Argentina, como España, o más grandes, como Brasil, directamente eligieron poner punto final a su historia y dejaron que sus golpes y genocidios terminarán en total impunidad. Total normalidad, titularía Clarín frente a los archivos herméticamente cerrados de España y de Brasil.

Entonces la Argentina tuvo la capacidad de hacer justicia con sus golpistas y sus genocidas. Y tuvo el coraje de hacerlo a los pocos meses de finalizada la dictadura de los monstruos, lo que constituye un hecho histórico de enormes magnitudes que los argentinos no solemos valorar correctamente: fuimos capaces de hacer lo que los alemanes no se animaron, de enfrentarnos a la miseria propia que los españoles y los brasileros, por ejemplo, no quisieron ni ver.

Hicimos justicia al fin. Hay casi 700 condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina, en su gran mayoría militares, policías y agentes del servicio penitenciario. Botas, en una palabra. Hemos hecho justicia con las botas, pero fallamos en identificar y castigar a los que se sirvieron de las botas para imponer un proyecto político cuyos contenidos fueron muy perjudiciales para el pueblo-nación argentino. En el castigo a la alianza golpista cívico-militar nos concentramos en lo visible, que es la pata militar de alianza: de los casi 700 condenados por crímenes de lesa humanidad hasta aquí, tan solo unos 60 fueron civiles, en su mayoría agentes de inteligencia.

Pero los civiles que animaron y se beneficiaron del golpe de Estado de 1976 y de la dictadura que resultó de dicho golpe no hacían tareas de inteligencia ni tenían por objetivo la tortura y la desaparición de personas. Esos civiles estaban muy lejos de las tareas operativas de la dictadura y el genocidio para ellos fue tan solo un medio para obtener el fin. Vinieron a robar y delegaron el matar en manos de otros para que el robo se llevara a cabo exitosamente.

Los civiles que no hemos identificado y no recibieron el debido castigo fueron en su mayoría empresarios, dirigentes políticos de la clase dominante oligárquica y oligarcas a secas. Vinieron a implementar un proyecto político de saqueo, a incrementar sus fortunas a costa del sacrificio de las mayorías. Y para que las mayorías no saltaran en defensa propia, habilitaron el genocidio en el terreno de la política. Dicho de otra forma, los civiles que no hemos juzgado ni condenado son el propio golpe de 1976 y la propia dictadura genocida que sobrevino. Los militares fueron el instrumento que ellos utilizaron para lograr el objetivo.

La parte poco agradable toda esta historia es precisamente que, al permitir que los verdaderos artífices de la dictadura y los beneficiarios reales del genocidio se salgan con las suyas, hemos dejado abierta la puerta para que vuelvan. Y volvieron: el actual gobierno de Argentina no es parecido ni tiene relación con el gobierno que tuvo Argentina entre 1976 y 1983. Es rigurosamente el mismo gobierno, pero sin las botas.

Para muestra alcanza con un botón y la familia Macri, cuyo hijo es hoy nada menos que el presidente de la Nación, tenía en marzo de 1976 un total de siete empresas, formando entonces un grupo empresario modesto con características más de pyme que de holding. Al finalizar la dictadura cívico-militar, la pata militar empezó a enfrentar los juicios, mientras la familia Macri pasaba a tener la propiedad de 47 empresas y a ver cómo se multiplicaba geométricamente su patrimonio. Otro tanto ocurrió con otras familias que fueron la pata cívica de la dictadura de 1976 y nunca estuvieron ni cerca de ser procesadas y mucho menos juzgadas por delitos de lesa humanidad.

Torturar y desaparecer personas, apropiarse de recién nacidos e imponer el terror son crímenes de lesa humanidad, sin lugar a dudas. El problema es creer que llevan a cabo esos crímenes solo los que los ejecutan en el terreno. Al creer que eso es así, lo que hicimos fue dejar pasar y quedar en libertad a los verdaderos genocidas, a los que se beneficiaron del genocidio para realizar el plan para el que el genocidio en sí fue una herramienta.

Los hemos dejado libres y concentramos nuestra sed de justicia en los militares, en las botas. Nos equivocamos. Los condenados por crímenes de lesa humanidad debieron haber sido varios miles, entre los que la mayoría debió ser de empresarios, dirigentes políticos, jueces, fiscales, diplomáticos y demás ladrones y asesinos de guante blanco, además de los militares. Nos equivocamos, no lo hicimos. Ellos esperaron y juntaron fuerzas. En el 2015 volvieron y ahí están, haciendo otro genocidio —este por goteo— para posibilitar un nuevo ciclo de saqueo contra el pueblo-nación argentino.

El tirón de orejas no es gratis y el atento lector sabrá entenderlo. El tirón de orejas es porque habrá otro 1983 y otra vez estaremos en condiciones de darles juicio y castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Ahora no habrá botas ni uniformes y al comienzo va a parecer raro. “Pero si no tenían grupos de tareas”, “no secuestraron ni torturaron como los milicos”, pensaremos. Pero si lo pensamos bien, veremos que ningún crimen o delito de lesa humanidad pudo ni puede ser posible si no están ellos, los civiles, los que siempre se salen con la suya y aparecen frente a la sociedad como si no tuvieran las manos manchadas en sangre. Pero las tienen y nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer con ellos lo que ya hicimos con sus socios de uniforme y botas: Memoria, verdad y justicia. Juicio y castigo sin olvido.

Si fallamos esta vez, será solo una cuestión de tiempo para que vuelvan con una nueva forma de golpe y una nueva forma de dictadura. Para que vuelvan con el genocidio que es su modus operandi. Los argentinos fuimos capaces de hacer lo que los alemanes no quisieron y los españoles no se animaron, podemos hacerlo otra vez. No fallemos.