Gracias al cruce de opiniones en público que se asemeja en términos del buen sentido popular a la práctica de lavar los trapitos sucios y colgarlos al sol, a la vista de todo el mundo, asoma otra vez el peligro de quiebre y división entre las fuerzas de lo nacional-popular genérico. Cuando no es con aborto sí o aborto no y los que rezan y los que no rezan, pareciera que nosotros mismos nos buscamos la vuelta para dirimir públicamente nuestros asuntos. De aburridos nomás quizá, o simplemente porque nuestra unidad es endeble en sí y tendremos que lidiar permanentemente con situaciones como esta de aquí en más.

Técnicamente hablando, un preso político es alguien que se encuentra privado de su libertad por razones de su actividad militante y que, además, no tiene en su contra causa judicial, estando en ese momento puesto a disposición del poder ejecutivo por parte del poder judicial. Técnicamente, decíamos, de acuerdo con las reglas clásicas del esquema republicano que heredamos de la revolución burguesa en Francia, con escala en los Estados Unidos. En el esquema republicano occidental vigente, un preso político es eso y todos los demás son presos nomás.

Está claro para los que comprendemos la estrategia de guerra judicial llamada “lawfare” que Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala y Luis D’Elía están o estuvieron presos por su actividad militante y ahí no hay ninguna duda, ningún problema o contradicción. Teniendo en cuenta el “lawfare” que vienen aplicando por toda América Latina como estrategia para golpear y destruir las fuerzas políticas de orientación nacional-popular mediante la persecución de sus dirigentes, es realmente comprensible que Boudou, De Vido, Sala y D’Elía estén o hayan estado presos: la meta es amedrentar a los que siguen en libertad y disciplinarlos, para que no se les ocurra ir demasiado lejos en la representación de los intereses de las mayorías.

Ahora bien, desgraciadamente esta no es una discusión muy sincera ni nadie parecería estar dispuesto a debatir la cuestión de fondo, que es el “lawfare” al fin y al cabo. Aquí lo que hay es un intento de ajustar al tecnicismo la cuestión y entonces tenemos puertas adentro la discusión sobre si se satisfacen todos los criterios para que nuestros presos militantes caigan en la categoría de presos políticos. Ahí está el problema y ahí está la razón por la que el presente debate no tiene ni tendrá resolución: el gobierno no puede admitir que hay presos políticos porque ninguno está a disposición del poder ejecutivo y la militancia no puede aceptar que estén presos por el “lawfare”.

Es el llamado impasse, el que desde el gobierno intentaron resolver con el eufemismo de “detenciones arbitrarias”. Y tampoco es un eufemismo gratuito, sino que encierra verdad de acuerdo a todo lo dicho: las detenciones de Boudou, De Vido, Sala y D’Elía son arbitrarias en tanto y cuanto son obra de un poder judicial que actúa no para buscar justicia, sino para atender los intereses de quienes llevan a cabo el “lawfare” como estrategia. Ninguno de ellos está o estuvo preso por haber cometido algún delito. Todos fueron encerrados arbitrariamente por un poder judicial corrupto y al servicio de intereses que no son los del pueblo-nación argentino. Y eso es arbitrario.

Pero ninguno de esos presos está a disposición del poder ejecutivo para que el presidente de la Nación haga eso, disponga su destino. Todos están en procesos judiciales arbitrarios y están, por lo tanto, a merced de los jueces y los fiscales que intervienen en esas causas. De un modo práctico y sincero, es preciso decir que en nuestro país la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial es históricamente una constante y por eso puede decirse que informalmente cualquier preso está a disposición del poder ejecutivo, lo que equivale a decir que si el presidente quiere cualquier detenido sale inmediatamente en libertad.

Eso es lo que la militancia exige, que Alberto Fernández mueva los hilos y libere a los militantes que están detenidos. Y eso es exactamente lo que el gorilaje quiere, es la razón por la que la justicia los sigue deteniendo arbitrariamente. Lo que el poder fáctico quiere es que Alberto Fernández haga uso de la potestad informal que tiene el presidente de la Nación y ordene la liberación de los presos. ¿Para qué? Para volver a cargar con la cantinela de la “falta de independencia de la justicia” y otro verso más, a saberlo, el de que el peronismo gana las elecciones para asegurarse la impunidad a sí mismo y a los suyos.

El nudo está ahí, está en que Alberto Fernández no quiere que eso pase. Y por eso dice lo obvio, que es lo formal, marcando que los presos no son presos políticos porque su detención no cumple con uno de los criterios para que se coloque en esa categoría. El criterio es no estar en ninguna causa judicial y estar, por lo tanto, a disposición formal del poder ejecutivo. Como eso no está, el presidente Fernández se agarra de ello para no liberar informalmente a los presos y no darle al gorilaje lo que el gorilaje quiere.

El debate es inútil y más inútil todavía es que nos pongamos de una u otra parte para acentuar el quiebre interno. Es todo inútil, nada de eso se va a resolver con diatribas por Twitter. No se trata de eso, sino de una puja por ver quiénes van a tener la manija, digamos, para definir la orientación del gobierno. Y el efecto colateral es que estamos discutiendo entre los que tendríamos que estar abroquelados para hacerle fuerza a los problemas de mucha gravedad que amenazan hasta la integridad del cuerpo social de la nación. El efecto colateral es la división de lo que no debió dividirse.

En el debate por la categoría de los presos del “lawfare” está expuesta la debilidad inherente del campo político de lo nacional-popular en todas partes. Ellos, los que aquí son los gorilas y genéricamente son los representantes de los intereses del poder fáctico, raramente se dividen, mientras la división es la norma entre nosotros. Como en la escena clásica que presenta a dos dirigentes populares caracterizados como “izquierda” en una discusión en la que se dicen tener los mismos objetivos, pero reconocen estar separados por innumerables matices. La página se da vuelta y se ven a dos dirigentes de los ricos caracterizados como “derecha” que estrechan las manos y reconocen estar separados por innumerables matices, pero conscientes de que tienen los mismos objetivos.

Una cuestión semántica, como se ve. Como la propia cuestión de los presos que para los unos son políticos y para los otros no pueden serlo. Como todo. Quizá sea tan solo una cuestión de acostumbrarnos a que somos así.