Por Artemio López

La tasa de desempleo se ubicó en el 11% al cierre del último trimestre de 2020 y en el conurbano bonaerense ya se acerca al 15%. La tasa de desempleo abierto nacional respecto del cuarto trimestre de 2019 se incrementó en 2,1 puntos porcentuales.

Por otra parte, se conocieron datos oficiales de valorización de canasta de pobreza e indigencia alcanzando para un hogar tipo metropolitano de cuatro miembros los $60 mil y $25 mil mensuales respectivamente, según datos del INDEC.

En este sentido los números preocupan puesto que el salario medio de la economía no alcanza los $60 mil mensuales, el salario que más se repite es de $45 mil mensuales, todos por debajo de lo que requiere un hogar tipo para no ser considerado pobre por ingresos.

Peor aún, el salario mínimo vital y móvil, así como jubilaciones y pensiones mínimas, ronda los $20 mil mensuales y se ubica por debajo de los ingresos necesarios para que un hogar de cuatro miembros supere la línea de indigencia o línea de ingresos debajo de la cual hay hambre.

Llegamos al extremo de carencia de ingresos en que en un hogar tipo (de cuatro miembros) en que se perciben dos salarios mínimos y dos AUH, una por cada niño o niña, tampoco así logra superar la línea de pobreza. Una calamidad de carencia de ingresos se lo mire por donde se lo mire.

La inflación no se detiene. Traccionada por aumento de “alimentos y bebidas” la canasta de pobreza aumento un 47% interanual entre los meses de febrero 2020 versus febrero 2021, mientras el IPC general lo hizo en un 41% y según datos del primer trimestre de 2021 no se detiene. El panorama social entonces resulta muy complejo con un piso de 40% de pobreza cuando a fines de marzo el INDEC suministre el dato oficial.

Los datos de distribución del ingreso son también de terror. El 80% más pobre de la población se queda con el 50% del ingreso total. Como contrapartida, el 20% más rico toma el 50% restante y el 10% de la cúspide de la pirámide se apropia del 33% del ingreso total. Son niveles de desigualdad escandalosos, solo superados por los observados en la crisis de salida del experimento convertible en el año 2002.

Todo este rodeo inicial largo pero necesario es imprescindible para justificar una pregunta: ¿Puede un país estragado socialmente, como lo es la Argentina después de Macri, tener como bandera conseguir el “equilibrio fiscal”?

¿Son metas prioritarias alcanzar los superávits gemelos? ¿Puede insistirse en ese camino después tantos fracasos históricos de los modelos “Déficit cero”? ¿Puede insistirse en esos enormes fracasos comunitarios que signaron el trayecto desde la recuperación democrática en el año 1983 hasta nuestros días?

Seguramente no. La economía argentina necesita salarios, ingresos familiares crecientes y superar la lógica del ajuste perpetuo a la que fue sometida ya durante un lustro, más aún tras la experiencia exitosa de “desajuste” desplegada por el kirchnerismo durante casi trece años de gestión.

¿Por qué volver a las viejas recetas diseñadas por la ortodoxia económica y avaladas por el Fondo Monetario Internacional que nos condujeron una y otra vez a ser una sociedad más desigual y más pobre, a las recetas que aumentaron el desempleo desde un valle de 3% en 1983 al 24% en el año 2001?

El rediseño de la política económica debe tener como eje recuperar ingresos familiares y eso supone satisfacer tres demandas muy específicas: salarios, jubilaciones y planes de transferencia de ingresos actualizados por sobre la inflación realmente existente para los sectores populares.

Inflación que es la que señala la canasta de pobreza e, insistimos, alcanza al 47% anual. Todas las paritarias conocidas están por debajo de este nivel de inflación y oscilan en la franja que va del 29% al 35% lo que las ubica muy debajo de los niveles de actualización requeridos.

Lo mismo sucede con jubilaciones y pensiones mínimas (las que más alto se ajustaron), que solo se actualizaron un 35,5% (el resto alcanzó solo el 24%) perdiendo 11,5 puntos respecto al valor de incremento de la canasta ampliada de pobreza. Insistir con este ajuste es fracasar.

Fracasar doblemente en el caso del oficialismo. Porque su contrato electoral supone mejorar las condiciones de vida de la población general, los ingresos familiares al alza y una mejor distribución del ingreso y porque sería un error conceptual inmenso frente a las elecciones.

En efecto, el 60% de los hogares que constituyen el electorado del Frente de Todos son pobres o vulnerables por ingresos (superan la línea de pobreza por menos del 50% de su valor). Se trata de hogares pobres por ingresos o de clase media baja en riesgo de empobrecimiento por ingresos.

Persistir en el camino del ajuste pondrá severas restricciones para insistir con el voto oficialista, al menos para una porción significativa del electorado vulnerable, allá donde las fronteras ideológicas son líquidas y la orientación del voto la define la evaluación de gestión.

Se configuraría entonces una coyuntura electoral que, de consumarse y dada la coalición conservadora que enfrenta al Frente de Todos —pre civilizatoria—, sería de un gran costo económico, social e institucional, ya no solo para los sectores pobres o vulnerables sino para la sociedad toda.