De un modo genérico, es sabido que la comunicación es una de las debilidades más evidentes de los gobiernos de orientación popular frente a los gobiernos de signo opuesto, que son los representantes en el Estado de los intereses de las élites. Comunicar, o más bien comunicar correctamente en función de un objetivo puntual, he ahí el talón de Aquiles de quienes no contamos con el favor de los medios masivos de comunicación ni tenemos en nuestras filas a los prestidigitadores del marketing político para orientar el mensaje con la precisión del operador mediático. Ese es un problema genérico de las fuerzas políticas populares, como veíamos, es el error de confiar en la efectividad del plantarse firme con una convicción y esperar que los muchos adhieran a ella para avanzar con el proyecto que esa convicción impulsa. Dicho de otra forma, en vez de comunicar profesionalmente para obtener resultados puntuales y avanzar paso a paso en la agenda con cada cuestión, lo que solemos hacer es simplemente plantear las ideas en forma de consigna o de una manera ideológica, esperando que la justicia inherente a nuestra ideología popular haga solita el trabajo de persuasión que la política necesita para funcionar. El problema es que eso casi nunca ocurre como por arte de magia y el resultado suele ser el fracaso de muy buenas iniciativas. Como en el fútbol, el que juega mejor siempre gana, aunque “mejor” no necesariamente signifique más lindo.

Jugar mejor, tanto en la política como en el deporte, es jugar de manera más efectiva. No siempre es lo que la tribuna desea ver, no necesariamente será el juego bonito que enamora por su estética, pero es el que normalmente garantiza el triunfo. Y así la comunicación política —que en estos tiempos es el marketing aplicado al discurso— será la estrategia fríamente calculada y orientada a objetivos, justamente lo que le ha faltado al recién nacido gobierno del Frente de Todos al momento de instalar en la agenda pública la cuestión de quién o quiénes tendrán que hacer un esfuerzo para levantar la catástrofe económica generada por la crisis del coronavirus. Para gobernar dicha crisis, Alberto Fernández ha anunciado y ha implementado ya una serie de políticas públicas cuyo objetivo es mantener a flote al país mientras dure el parate económico brutal, políticas que van desde un ingreso familiar de emergencia hasta un ambicioso plan de obra pública que construirá unas 5.500 viviendas en barrios populares con una inversión de casi 30 mil millones de pesos, generando 750 mil puestos de trabajo en el corto y mediano plazo. Esas políticas son muy buenas más allá de los problemas en la implementación que lógicamente puedan tener, el asunto no está allí. La cuestión es cómo se van a financiar esos planes que requieren ingentes inversiones públicas en una economía que está virtualmente detenida y no genera los ingresos fiscales que el Estado necesita para llevarlas a cabo. Las políticas son excelentes, en la actual coyuntura hay poca discusión respecto a la pertinencia de un ingreso familiar de emergencia o de un plan de obras públicas que generará tres cuartos de millón de puestos de trabajo. Lo que no termina de quedar claro es cómo se va a pagar la cuenta.

El presidente Alberto Fernández, junto a Santiago Cafiero y Eduardo de Pedro. Fernández ha implementado una serie de políticas públicas para sostener la existencia de las mayorías y ya pensando en la reactivación de la economía. Lo que aún no aparece es la definición de quién va a pagar todo eso.

Una de las soluciones a dicho problema se presentó en la forma de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que incidiría sobre los 12 mil individuos más ricos del país y con el que inicialmente se proyectó recaudar entre unos 3.800 y unos 4.000 millones de dólares. La cifra es importante, aunque quizá insuficiente para salvar las cuentas del Estado en este contexto de calamidad pública. Más allá de si serán suficientes esos miles de millones de dólares o si será necesario seguir perfeccionando la idea hacia una verdadera progresividad fiscal que haga pagar más a los que tienen más, la discusión sobre un impuesto a las grandes fortunas está hoy lejos de eso. Gracias a una pésima comunicación del proyecto de hacer pagar el costo de la crisis a la minoría privilegiada y no a las mayorías populares, se hizo de la cuestión una nueva grieta y el lamentable resultado es que hay una gran cantidad de no ricos oponiéndose al proyecto de un impuesto que los beneficiaría incidiendo solo sobre los ricos.

El atento lector se apresurará en concluir que, por desgracia, esa es la regla general de la política argentina en las últimas muchas décadas, a saberla, la oposición de vastos sectores populares a políticas y proyectos cuyos resultados serían beneficiosos para los intereses de esos mismos sectores. “No es la primera ni será la última vez”, dirá el atento lector, “que los desclasados hacen lo de siempre, que es militar contra sus propios intereses. Dos por tres hasta votan a un Macri para que los saquee”. Y no deja de ser cierto, aunque nada de ello justifica el error de patear un penal sin arquero y tirar la pelota fuera del estadio. En una situación como la actual, que tiene la propiedad de neutralizar las ideologías y poner a pensar incluso a los que no están habituados a hacerlo, imponer un esquema fiscal progresivo es necesariamente mucho más fácil que en tiempos de relativa normalidad. Y por una razón muy sencilla: por más desclasado y sobreideologizado que esté un trabajador, la sola perspectiva de verse privado de ingresos remite la conciencia a la búsqueda de soluciones de emergencia. Los comportamientos no son iguales en tiempos de abundancia que en horas de crisis. De hecho, cuando la mayoría de los argentinos eligió a Mauricio Macri en las urnas el año 2015, lo que había era esa abundancia en una normalidad relativa: había poca desocupación, las paritarias cerraban por encima de la inflación, el país estaba desendeudado y, en fin, la heladera estaba llena. Es muy fácil sobreideologizarse en tales circunstancias y con la pancita llena es hasta natural que algunos individuos se pongan a ponderar la llamada “calidad institucional” y se dejen llevar por un discurso descafeinado de “honestismo” y de “libertad” en un sentido liberal.

Mauricio Macri, aquí junto al presidente de Brasil Jair Bolsonaro. Macri fue electo en el 2015 para llevar a cabo un verdadero desguace de la Argentina en los siguientes cuatro años. Apenas terminado su lamentable gobierno, el país fue arrollado por la crisis del coronavirus, sin tener el tiempo necesario para recuperarse del saqueo.

La situación actual, no obstante, es radicalmente opuesta a la de octubre de 2015. No solo venimos en picada luego de cuatro años de un monumental saqueo, sino que además fuimos arrollados por la crisis del coronavirus a pocas semanas de finalizar el gobierno de Mauricio Macri. Esta crisis paralizó la actividad económica y puso a millones al borde del hambre. Han quedado lejos aquel pleno empleo y aquellas paritarias, aquel elevado nivel de consumo y bienestar: ahora son decenas de miles las pymes que quiebran y son cientos de miles los puestos de trabajo que se esfuman como por arte de magia. Trabajadores desclasados los hay y quizá los habrá siempre, eso no es ninguna novedad. La novedad sería que en una coyuntura como la actual ese desclase que es una sobreideologización fuera más fuerte que la preocupación por si habrá o no comida sobre la mesa todos los días. En una palabra, la realidad efectiva destruye la ideología en tanto y en cuanto destruye la fantasía de bien comidos sobre la que se sustenta. No hay forma de que en su sano juicio y ante la amenaza del hambre un no rico grite que cobrarles más impuestos a los ricos es un “atropello” o es “autoritarismo”. O, mejor dicho, hay forma, pero solo si comunica mal.

El penal sin arquero

En la metáfora futbolera, que nos es tan útil y tan cara a la vez, llevar a cabo un programa político en base a la necesidad y la urgencia siempre es como patear un penal sin arquero, porque la necesidad y la urgencia tienen la propiedad de neutralizar las resistencias ideológicas. Es así como hablar hoy de un impuesto a los más ricos tendría que ser más fácil que en tiempos de relativa normalidad. ¿Por qué? Porque la idea del impuesto no va a surgir de un programa ideológico que siempre es discutible en el juego de la llamada democracia representativa —en la que todo es discutible por definición—, sino de la necesidad y de la urgencia que suponen el resolver un problema real y concreto. Por más sobreideologizado que esté, un individuo de clase trabajadora o de “clase media” (que es una forma eufemística de decir trabajadora con derechos, prestaciones y salario digno) difícilmente se pondría a ponderar un impuesto a los más ricos si dicho impuesto va a garantizar el pan sobre la mesa del propio trabajador y su familia. Y he ahí toda la cuestión: presentar el proyecto del impuesto a las grandes fortunas con el aspecto de la épica ideológica es el error. El proyecto debió presentarse con el aspecto de la necesidad y de la urgencia, de lo que no se discute porque viene a salvar las papas del fuego. Y aún mejor: debió presentarse no como un proyecto a discutirse en el ámbito de lo legislativo, sino justamente como un decreto de necesidad y urgencia, rápido y fulminante.

El penal sin arquero es eso, es la conclusión de que en el actual contexto la oposición a dicho decreto sería infinitamente más débil que en situaciones de relativa normalidad. Las crisis, dicen los chinos en su cultura milenaria, son sinónimo también de oportunidad. Y lo son porque inundan la sociedad de urgencias y necesidades que suspenden momentáneamente las certezas ideológicas. Entonces los cambios más profundos suelen surgir en momentos de crisis muy profundas, cosa que puede verificarse fácilmente en la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos tres siglos. El penal sin arquero es acelerar esos cambios aprovechando la volteada de la crisis.

El diputado Máximo Kirchner, impulsor del proyecto de impuesto a las grandes fortunas que debió haber salido por decreto de necesidad y urgencia.

Es atendible el argumento de que, crisis o no crisis, los medios de difusión privados y concentrados harían un escándalo en caso de que saliera por decreto de necesidad y urgencia un impuesto a las grandes fortunas, puesto que esos medios defienden con uñas y dientes los intereses de los poseedores de dichas fortunas. Eso es cierto y no hay coyuntura de catástrofe que pueda neutralizar el tráfico mayorista de ideología que es la razón de existir de los medios del poder, pero la argumentación tiene una falla grave: si los medios van a resistir siempre, sin importar la gravedad del problema coyuntural, ¿entonces cuándo sería el momento más indicado para avanzar sobre los intereses que esos medios defienden? El penal es sin arquero porque el grito enloquecido de esos medios tendría hoy mucho menos eco o repercusión entre las mayorías, ya que estas mayorías están más preocupadas por su propia subsistencia que por la expresión ideológica de los Clarín y los La Nación.

Una de las verdades no relativas de la llamada correlación de fuerzas, que es un cálculo objetivo, es que si los más ricos de una sociedad dada se vieran en una situación tal que tuvieran la necesidad de defenderse solos, entonces serían rápidamente aplastados por el simple hecho de que los más ricos son siempre una minoría muy poco numerosa. La razón fundamental por la que las mayorías desposeídas no avanzan sobre los privilegios de los ricos (y sobre los propios ricos) es que entre esas mayorías hay muchísimos que trabajan ideológicamente para sostener el statu quo. Esa es la hegemonía, una cosa muy superior y mucho más sofisticada que el dominio común y silvestre. La hegemonía es la dominación más mediante el consenso que la fuerza, es el consenso mayoritario entre los dominados de que la dominación es conveniente para todos. Cuando los medios de difusión de las minorías ricas manipulan a las mayorías para que estas piensen y actúen contra sus propios intereses y en defensa de los intereses de los ricos, lo que esos medios hacen es una hegemonía y eso funciona perfectamente en tiempos de normalidad relativa. Pero al suspenderse esa normalidad se debilita la hegemonía si las mayorías se ven de pronto obligadas a defenderse de un peligro inminente. La crisis del coronavirus es esa suspensión, más por cuestiones económicas que sanitarias: si un trabajador de clase popular o media presiente que hay un riesgo a la alimentación de los suyos, entonces ese trabajador tiende a procurar la solución al problema y, por más desclasado y sobreideologizado que esté, no va a oponerse a esa solución. A menos, claro, que además de desclasado esté completamente loco, cosa que por suerte es la excepción y jamás la regla general.

Necesidad y urgencia

Entre los que suelen confundir democracia con institucionalidad —hay muchos entre nosotros que incurren en esa confusión—, se diría que el gobierno pecó de “demasiado democrático” al enviar al Congreso el proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas en vez de sacarlo rápidamente por DNU. “Demasiado democrático” ahí debe leerse, claro está, como demasiado institucionalista. Como se sabe, la democracia es el gobierno del pueblo y siempre será democrático aplicar las políticas que sean necesarias para cuidar los intereses del pueblo en un sentido de mayorías populares. No obstante, para no pecar de “antidemocrático” en el sentido de la institucionalidad a la que tanto se aferra, el gobierno de Alberto Fernández optó por seguir los trámites legislativos y ahí la cosa se empantanó, ya que los trámites legislativos existen precisamente para que eso ocurra. Pero más allá de ese que para nosotros fue un error, el gobierno también comunicó muy mal la idea del impuesto a las grandes fortunas al no aprovechar la volteada de la crisis para darle el carácter de necesidad y urgencia que debió tener desde un principio. El error del actual gobierno fue quitarle el aspecto de realidad efectiva y darle un aspecto ideológico a la propuesta de que los más ricos aporten una pequeña parte de sus fortunas para salvar la patria.

El debate de ideas es el camino más indicado para la resolución de problemas en tiempos de normalidad relativa, pero no así en tiempos de crisis extraordinaria. Entonces el proyecto de impuesto a las grandes fortunas fue lanzado al campo del debate de ideas como si se tratara de una idea más, de un proyecto basado en un programa ideológico. Y el triunfo de los ricos en la cuestión se dio precisamente en ese momento, porque a partir de allí desapareció el carácter de necesidad y urgencia y la cosa se convirtió en materia de opinión.

Sergio Massa y las sesiones virtuales en Diputados, el ámbito legislativo que es el curso natural de las ideas en tiempos de normalidad relativa, pero que se convierte en un estorbo para las cuestiones de necesidad y urgencia en una coyuntura de crisis extraordinaria.

Pero no es opinión. Exigirles a los 12 mil individuos más ricos de la sociedad (véase bien, el 0,03% de la población total del país) que aporten para salvar la patria no es materia de opinión ni es ideología, sino la obviedad más ululante que puede dar la realidad efectiva. Solo se trata de empezar y finalizar el debate con el argumento incontrastable, que es el siguiente: El Estado, cualquier Estado genéricamente, tiene un costo no variable de mantenimiento. Como ese costo no varía y el Estado no es una empresa que puede declararse en quiebra y cerrar las persianas, el mantenimiento del Estado debe pagarse sí o sí, no es una opción. Si vamos a discutir ese principio, estaremos ante la posibilidad de liquidación del Estado y la vuelta a un hipotético estado de naturaleza cual fuera teorizado por los llamados contractualistas del liberalismo clásico, que son los Hobbes, los Locke, los Montesquieu y los Rousseau. Es decir, de no asumir que el costo de mantenimiento del Estado es ineludible, lo que se estará aceptando implícitamente —o quizá no tanto— es que el Estado en sí es prescindible. Por lo tanto, la discusión no es sobre el costo de mantenimiento del Estado en sí, sino sobre quién va a pagar ese costo.

En épocas de normalidad relativa, esa discusión es un debate ideológico entre las vertientes del liberalismo y el nacionalismo popular, es una puja ideológica en la que los primeros sostienen que la cuenta la deben pagar las mayorías populares con su trabajo y los últimos afirman que, por el contrario, el dinero lo tienen que poner los más ricos de la sociedad en concepto de impuestos. He ahí la lucha fundamental por un esquema fiscal regresivo o progresivo, una lucha que es permanente y se da todos los días en la política. La cuenta del mantenimiento del Estado puede pagarse con el esquema regresivo de los liberales, donde la carga impositiva incide fuertemente sobre las clases trabajadoras populares y medias, o puede ser progresivo, con un sistema de impuestos que serán más altos para los que tengan mayores ingresos. En una palabra, la lucha es por definir quien paga la cuenta para que el Estado exista.

Liberales libertarios como Javier Milei, delirantes sin ningún anclaje en la realidad efectiva, son convocados al debate de lo que no debe debatirse. Cuando la urgencia es la de pagar los platos rotos, personajes como Milei afirman que mejor es prescindir de los platos: si el Estado no existe, entonces no hay cuenta que pagar. Efectos del debate ideológico de lo que no es o nunca debió ser ideológico.

Concretamente, el esquema fiscal es progresivo cuando hay una carga impositiva sobre las grandes fortunas, a la herencia, al capital financiero y a la timba financiera, a los bienes suntuarios y al consumo de los ricos en general. Si en el Estado no gobiernan los liberales, se establece un esquema fiscal progresivo en ese sentido y la cuenta la pagan los que más tienen. Claro que la consecuencia de eso debe ser la disminución de la presión fiscal sobre las clases trabajadoras populares y medias, allí donde pueden eliminarse impuestos como el IVA y el famoso impuesto a la ganancia, que incide sobre los salarios, puede calcularse de otra manera menos agresiva el monotributo para los autónomos y pueden descender incluso impuestos sobre la pequeña propiedad de las familias, como las patentes de los automotores y el impuesto inmobiliario, el ABL, etc. Lo que nunca ocurre es que pasen ambas cosas, es decir, que no se cobren impuestos a los más ricos y tampoco a todos los demás no ricos. En una de las dos puntas hay que cargar el peso fiscal para la recaudación del dinero necesario para el mantenimiento del Estado.

La conclusión se cae de madura y es que, en la actual coyuntura de crisis terminal ocasionada por la suma de cuatro años de saqueo y una emergencia sanitaria que terminó de rematar en el piso la economía nacional, alguien va a tener que pagar no solo la cuenta del mantenimiento regular del Estado, sino además la cuenta de una infinidad de políticas públicas que serán necesarias para mantener con vida a las mayorías populares mientras dure la crisis del coronavirus. ¿Con qué dinero se financiará el ingreso familiar de emergencia, que a cada mes insume miles de millones de pesos para salvarles la vida a todos los que están impedidos de trabajar normalmente por estar en aislamiento social? ¿De dónde saldrán los 30 mil millones de pesos que va a requerir el plan de obras públicas para reactivar la economía? ¿Quién pagará la adecuación del sistema sanitario en todo el país para hacer frente a la pandemia del coronavirus? Y luego está el costo regular de un Estado que sigue pagando salarios de los empleados públicos, el mantenimiento de las estructuras, todo lo que el Estado necesita para funcionar. ¿Quién pagará los platos rotos y los platos sanos, que deben ser lavados?

Rehén de un esquema fiscal regresivo, la clase trabajadora media subsiste ahorcada por impuestos que no existirían si los más ricos de nuestra sociedad contribuyeran de acuerdo a su capacidad real, cosa que desgraciadamente no ocurre: en la Argentina son las clases trabajadoras populares y medias las que hacen casi todo el esfuerzo fiscal.

La cuestión, como se ve, es mucho más sencilla de lo que puede parecer a primera vista. Un esquema fiscal se resume a su carácter excluyente de regresivo o de progresivo y en la actual situación el asunto se vuelve vital: hay un déficit de varios miles de millones que se incrementa día a día mientras la economía esté total o parcialmente paralizada. ¿Quién lo pagará? ¿Iremos hacia la solución precaria de la emisión monetaria, tan solo para postergar el problema y poner otra crisis en el horizonte? No habría necesidad de que eso sea así si existiera la voluntad de patear el penal sin arquero y meter el gol, aprovechar la suspensión de las certezas ideológicas y avanzar de una vez hacia un esquema fiscal progresivo para que los ricos paguen más y las clases trabajadoras populares y medias se beneficien de la enorme riqueza de un país que parecería ser indestructible. El esquema fiscal progresivo puede establecerse hoy de un modo no ideológico, esto es, en carácter de necesidad y urgencia. Y luego no tiene por qué ser derogado.

Las crisis son oportunidades por eso, porque en ellas pueden hacerse cosas que van a durar más allá de lo que duran las propias crisis, pueden construirse cimientos para el futuro. Los ricos, por su parte, saben que eso es así y resisten ideologizando la discusión, confundiendo a los no ricos y manipulándolos para que hagan contra sus propios intereses. ¿Hasta cuándo permitiremos nosotros, que militamos la realidad efectiva, que la ideología siga siendo el instrumento del divide y reinarás que las minorías privilegiadas necesitan para sostener el statu quo?


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