De manera involuntaria, pero efectiva. Así fue cómo el gobierno de las contingencias abrió un nuevo frente de batalla cuando la ministra Sabina Frederic dio en los primeros días de agosto ante los medios de difusión un concepto muy parecido, tanto en la forma como en el fondo, a una clásica y desafortunada frase de la política de otros tiempos. Al ser consultada sobre la posible relación entre el aumento de casos de robo y un mayor nivel de circulación de personas al flexibilizarse el aislamiento social obligatorio tras casi 150 días de confinamiento, Frederic habló en cambio del rol de los medios de difusión y dijo que “no hay muchos robos, pero los hacen visibles”. O por los menos así informaron los propios medios, en los que opera gente experta en tergiversar lo dicho y reproducirlo hasta el infinito para generalizar su interpretación como verdad, como prescribiera un Nietzsche hace más de un siglo. Frederic dijo lo que dijo o quizá haya dicho algo parecido, eso es irrelevante. Para el caso, será suficiente con saber que Sabina Frederic abrió la caja de Pandora al hablar y al minimizar el problema de la inseguridad en un momento delicado de la coyuntura.

La ideología progresista “de izquierda” le jugó otra mala pasada a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, quien no logra conectar con el sentido común de las mayorías ni bajar de la torre de marfil de los intelectuales.

Como veíamos, es un nuevo frente de batalla para que luche allí un gobierno con unos ocho meses de existencia, en los que el presidente Alberto Fernández la ha corrido de atrás y con el traje de bombero puesto. La pandemia del coronavirus que golpeó sobre los últimos días del verano y forzó la adopción de medidas sanitarias resultó ser el golpe de gracia a una economía que ya venía maltrecha luego de cuatro años de un monumental saqueo oligárquico. La economía nacional está hoy en estado de calamidad, arruinada quizá hasta sus cimientos, con el índice de pobreza trepando por arriba del 55%, el de desocupación ya en niveles de angustia y la quiebra generalizada de empresas y de negocios. Pero eso no es todo porque hasta ahí la descripción es de lo que sucede, en mayor o en menor medida, en todos los países de mundo. El coronavirus puso un frenazo a la economía mundial y nadie se salva realmente de la calamidad económica generada por las cuarentenas, los aislamientos sociales y demás restricciones a la circulación que detienen necesariamente toda actividad. La apertura del frente de la inseguridad llega para el gobierno de las contingencias en un momento delicado, en el que además del coronavirus y sus consecuencias están el fracaso en la expropiación y en la intervención de la cerealera Vicentín, el proyecto de reforma judicial, el acuerdo por la deuda externa con los bonistas, miles de intrigas corriendo en paralelo y mucho más. En una palabra, al resurgir el miedo a la inseguridad en el horizonte de los argentinos el gobierno de Fernández ya tenía varias contingencias, varios frentes de batalla abiertos. Y desde ninguno de ellos llegaban buenas noticias.

Entonces reflotó el problema de aquello que era anunciado y que en Argentina se suele llamar “inseguridad”, o el delito contra la propiedad y/o la vida de la ciudadanía, sobre todo contra las clases populares y medias trabajadoras que circulan por la calle y están expuestas al flagelo. Al finalizar el mes de julio y al reanudarse hasta ciertos niveles la circulación de personas luego de casi cinco meses de un estricto confinamiento, esa actividad delictiva que llamamos inseguridad y que había desaparecido del escenario al establecerse el aislamiento social obligatorio como medida de prevención sanitaria volvió. Estaba anunciado, como decíamos: con la enorme mayoría de los individuos refugiados en sus casas por la cuarentena y, en consecuencia, casi ninguna circulación en las calles, los índices de delito habían descendido a niveles bajísimos, de ensueño. Pero bastó con que se flexibilicen las restricciones a la circulación para que empezaran a recuperarse los números reales del delito, lo que fue muy bien aprovechado por los medios para crear un relato. La fuerte baja en los índices de seguridad al establecerse la cuarentena no aparece en ese relato mediático, no se explica que el delito de hoy es el delito de ayer que había estado suspendido y ahora vuelve. De la forma en la que los medios presentan el “aumento de la inseguridad” parecería que el aumento es respecto a lo que había en marzo. Y eso no es verdad. Hay mucho menos delito hoy en Argentina que a principio de este año, no se registra un aumento real en los casos de inseguridad.

El Diario La Nación le atribuyó a Aníbal Fernández en el año 2006 la autoría del infeliz concepto de “sensación de inseguridad”, que sirve hasta los días de hoy tanto para un barrido como para un fregado. Cada vez que los medios quieren instalar que un gobierno peronista no se ocupa de la seguridad ciudadana, se insinúa la “sensación de inseguridad” y listo, la idea ya estaba previamente instalada en el sentido común de las mayorías y prende con facilidad. Sabina Frederic no hizo otra cosa que reforzar y renovar ese prejuicio.

Por lo tanto, es probable que la ministra Sabina Frederic haya querido sublevarse y denunciar la operación de sentido de los medios. Y que, al hacerlo, sus convicciones ideológicas le hayan jugado una mala pasada: con “no hay muchos robos, pero (los medios) los hacen visibles” Frederic terminó emulando una de las más infelices declaraciones públicas de la historia de la política argentina. Sin quererlo y también sublevándose contra la operación de sentido mediática, a fines de julio de 2006 Aníbal Fernández le regaló con un moño a la intelectualidad orgánica del poder la frase ideal para sacarse de contexto y operar. Ese día, un 26 de julio muy simbólico para el peronismo, Fernández hablaría de una “sensación” de descontrol en la seguridad ciudadana que, en definitiva, no se correspondía con el nivel de delito real existente en la calle. Los operadores mediáticos no necesitaron más para instalar en el sentido común de la mayoría la idea de que para el entonces ministro del Interior Aníbal Fernández —y para el gobierno de Néstor Kirchner de un modo general, ahí estaba el objetivo de la operación cuyo origen fue la redacción del Diario La Nación— la inseguridad es solo una “sensación”, esto es, la idea de que el gobierno negaba, en vez de combatir, el problema del delito. La misma idea fue instalada intensivamente por los medios en los primeros días de este mes de agosto del presente, cuando la frase de Frederic fue tomada y usada en el mismo sentido y otra vez la conclusión fue la de que el gobierno de Alberto Fernández niega la inseguridad en vez de combatirla. En resumen, la “sensación de inseguridad” de los Aníbal Fernández y los Néstor Kirchner de ayer se recicla y se le atribuye al actual gobierno. La misma operación de sentido funcionando igual en dos distintos momentos de la historia y de la política argentina.

¿Por qué?, se preguntará el atento lector. ¿Por qué la insistencia en tropezar varias veces con la misma piedra haciendo tantas declaraciones para relativizar el problema de la inseguridad? ¿Por qué no atacarlo de frente con un discurso y una política concreta de combate al delito real? ¿No sería más fácil y productivo cazar de una buena vez el ratón? La respuesta puede ser un misterio para algunos o puede ser el resultado del alineamiento de varios planetas en un sistema cuyo sol es la ideología, es decir, la solución al enigma de por qué elegimos negar la problemática en vez de resolverla está en las limitaciones ideológicas típicas de quienes tradicionalmente confundimos seguridad con represión y nos limitamos a no hacer lo primero para no correr el riesgo de incurrir en lo segundo. Un ocurrente diría que hay cosas que no hacemos porque nuestra religión no nos las permite.

Los límites ideológicos

La incómoda verdad es que esa tendencia a la negación de la inseguridad tanto en Aníbal Fernández como en Sabina Frederic es representativa del comportamiento general de la militancia de la causa nacional-popular en Argentina. Por alguna extraña razón —o tal vez por una construcción de sentido poco lógica, como veremos—, hablar de seguridad hoy en el interior del peronismo que se agrupa en el novísimo Frente de Todos es conflictivo, a mucha gente le molesta el tema. Desde los años 1980 y tras finalizar la dictadura genocida, el progresismo que en los Estados Unidos califican como “liberal” porque es eso mismo, el heredero más directo de los jacobinos franceses, empezó a hacer entrismo en el peronismo y fue instalando entre las prioridades ideológicas del movimiento el falso “garantismo”. El peronismo, por su parte, el que históricamente jamás había sido tolerante con la delincuencia y menos aun cuando va en contra los trabajadores, de pronto pasó a ponderar los “derechos humanos” de los delincuentes a la manera del progresismo, esto es, considerando el accionar de la policía y de la Justicia en la represión y castigo al delito como violaciones a los derechos humanos. Cuando el sentido común en los barrios vocifera que “solo hay derechos humanos para el delincuente, nunca para la víctima”, está expresando de un modo brutal esa contradicción. Y de este lado de la grieta no podemos evitar la mueca de fastidio al escuchar esa expresión.

Es que el ciudadano de a pie observa con el sentido común lo que la militancia ideológicamente no logra ver: desde el punto de vista del que no está involucrado en la lucha política, que es la enorme mayoría, el Estado no aparece jamás para prevenir y/o para reprimir el crimen y el delito cotidiano, pero está siempre presente para garantizar los “derechos humanos” (en un sentido de impunidad) de los malvivientes. El reciente caso del jubilado que persiguió y ejecutó a un ladrón en Quilmes es la expresión clásica de esa opinión mayoritaria. Al parecer, hubo omisión por parte de la policía en reiteradas ocasiones de robo no solo al jubilado en cuestión, sino al vecindario entero y, por extensión, a todos los vecindarios del país. La fuerza de seguridad no hizo su trabajo para evitar que cinco delincuentes entraran a la casa del trabajador jubilado Jorge Ríos, lo torturaran con herramientas y lo interrogaran por dinero atesorado. Solo cuando Ríos mató a uno de los delincuentes mientras estos huían apareció la policía y, para peor, aparecieron también algunos de los nuestros para condenar socialmente al trabajador jubilado. Una vez más quedó reforzada en la conciencia del sentido común del argentino no politizado la delirante idea de que los peronistas defendemos los “derechos humanos” de los delincuentes a modo de zoncera por encima de los intereses del pueblo trabajador.

El concepto universal de derechos humanos, que en la Argentina fue derivando en las más variadas interpretaciones. Para el llamado “progresismo” se trata de una propiedad del lumpenproletariado, lo que subleva la conciencia de las clases trabajadoras populares y medias.

Ahora bien, si eso pasa y si una parte de nuestro pueblo hace esa idea de la militancia peronista es porque el propio peronismo está haciendo algo mal o, mejor dicho, se omite en cierto modo. Al dejarse colonizar por el progresismo en las últimas décadas y al aceptar la interpolación del falso “garantismo” en su doctrina, el peronismo impuso a sí mismo un límite ideológico sobre una cuestión pragmática de la realidad efectiva. Se ató las manos. Esposados, los peronistas de hoy no pueden debatir abiertamente soluciones efectivas al problema del delito y deben limitarse, precisamente, a la repetición de las viejas fórmulas de “educación, trabajo y contención social”, que son la solución a mediano y largo plazo. Para dar una solución inmediata al vecino del barrio al que ya le han robado una infinidad de veces o a la madre cuyo hijo perdió la vida en una situación de inseguridad, sin embargo, nadie se atreve a decir nada. No vaya a ser cosa que el de al lado considere que allí hay una expresión de “mano dura” y meta escrache por “facho”. Salvo en el sector de Sergio Berni, ningún dirigente peronista se anima hoy a enfrentar la extorsión progresista y decir lo obvio ululante sobre la inseguridad. Lo único que se nos ocurre es negar, minimizar y repetir el guion de lo políticamente correcto. El “garantismo” de cotillón tiene una fuerza similar a la ideología dicha “de género” hoy en el peronismo y son muy pocos los que se atreven a decir una palabra y a cuestionar.

He ahí que es muy difícil para el peronismo cazar el ratón de la inseguridad, o resolver de una buena vez aquello que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni llamó “enfermedad endémica”, utilizando una metáfora muy acorde a los tiempos. La fe de los peronistas se materializa hoy en la forma frentista de una alianza dominada por un progresismo al que el pragmatismo le genera espanto. El exceso de ideología en el Frente de Todos —donde el propio Sergio Berni es un cisne negro— le da el aspecto de una alianza de “centroizquierda”, si se quiere, con una idea socialdemócrata más cercana a los ideales de Raúl Alfonsín que a la doctrina del General Perón. En los puestos claves de la administración, que es desde donde debió partir la iniciativa de combatir el delito con las herramientas más idóneas para lograr el objetivo, abunda la limitación ideológica y la respuesta, en consecuencia, es la negación del problema.

Dar respuestas

En teoría, el Frente de Todos es la diversidad del pensamiento al interior de una alianza entre diferentes. Pero en la práctica hay una hegemonía progresista que impide al peronismo acercarse al sentido común de las mayorías. El resultado, como se sabe, es el dejar sin representatividad a vastos sectores no politizados de la población. El progresismo no quiere la “mano dura” y es rápido al homologar a Berni y a Patricia Bullrich, aunque las diferencias entre estos son escandalosas. ¿Serán necesarias las Bullrich, las doctrinas Chocobar y las “mano dura” para que la ciudadanía se sienta cuidada y representada por la política?

Si se prescinde de la ideología y se observa el problema desde la óptica pragmática, resulta evidente que la solución al problema de la inseguridad no es ninguna operación sofisticada y mucho menos tiene que ver con ninguna “mano dura”, no es asunto de tirar tiros con gatillo fácil. Es una cuestión de justicia, de hacer justicia, como suele decir un peronista tan emblemático como Guillermo Moreno. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, reitera una y otra vez el exsecretario de Comercio. En primer lugar, es necesaria una profunda reforma del Poder Judicial para juzgar con mayor celeridad los crímenes y delitos ya cometidos. El progresismo no lo ve, pero permitir que un individuo esté demasiado tiempo detenido sin acceso a un juicio rápido y con amplia defensa no solo es pernicioso para todo el sistema, sino que constituye una grave violación a los derechos humanos sin comillas, que son los derechos humanos reales. El garantismo también sin comillas no es el no castigo de las faltas: es la garantía de justicia efectiva en el juzgarlas correctamente y en la aplicación de los castigos establecidos en la ley.

Patricia Bullrich es la hija de la oligarquía que supo capitalizar el sentido común, pero con el discurso extremo de la “mano dura”. En el Frente de Todos muchos no pueden comprender cómo Bullrich sigue teniendo altos niveles de imagen positiva entre las clases populares.

Es necesario empezar por ahí, por el Poder Judicial, que es la base de todo el sistema y se encuentra profundamente corrompido. Una vez lograda esa celeridad en los juicios con la observación de todas las garantías constitucionales será preciso asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas. La idea de una “puerta giratoria” en las cárceles y de la promiscuidad entre jueces, fiscales y abogados es la que termina de persuadir al sentido común no politizado de que es solo cuestión de tiempo (más bien poco) hasta que un delincuente salga en libertad para volver a delinquir. La situación es exasperante, no hay forma de argumentar con el ciudadano de pie convencido de que un preso sale de la cárcel si tiene el dinero suficiente y un abogado con los “contactos” indicados. Cada vez que un delito o crimen sea cometido por un reincidente que debió estar en cumplimiento de una condena los medios de difusión van a explotar el hecho hasta el infinito para reforzar la idea de la “puerta giratoria”. La única forma de evitarlo es obligando al Poder Judicial a cumplir la ley para que nadie salga de la cárcel un solo día antes del cumplimiento de la condena fijada. Para recuperar la fe del ciudadano en la Justicia es fundamental que el que quiebra la ley pague la totalidad de su deuda con la sociedad.

Tampoco es cuestión de “mano dura”, sino precisamente de garantismo bien entendido, el asegurar que luego de recibir una condena en un juicio con amplio derecho a defensa el preso sea alojado en un penal con todas las condiciones humanas de seguridad e higiene, sin hacinamiento ni amenazas contra su integridad física, moral y espiritual. Esa es la obviedad ululante, la de que las cárceles como máquina de picar carne humana no cumplen su función de resocializar al que haya cometido un delito. Más bien todo lo contrario: la actual estructura carcelaria de la Argentina es un espanto, no resocializa a nadie y termina siendo un curso acelerado de cómo volver a delinquir una vez recuperada la libertad. En la práctica, el encierro no tiene otra finalidad que la de sacar de circulación por un tiempo al que cometió una falta contra la sociedad, un problema cuya solución está ya contenida en la enunciación del problema: la finalidad o la utilidad de tener gente encerrada en cárceles. ¿Para qué están presos y qué hacen mientras lo están? La alternativa es barata, sencilla y encima redituable, es darle una utilidad presente y futura al tiempo de encierro. ¿Cómo? Con trabajo y estudio, con actividades que los presos pueden realizar sin salir de la cárcel y que pueden ser decisivas para que allí no vuelvan en el futuro.

Hay innumerables proyectos en ese sentido y todos coinciden en que, al ser ingresado a un penal, a un detenido con condena se le deben ofrecer dos opciones de ocupación a tiempo completo: profesión u oficio. Si elige aprender un oficio, deberá trabajar las ocho horas legales en ello y deberá percibir un salario acorde al trabajo realizado. El salario podrá ser entregado en parte a la familia del delincuente condenado y en otra parte depositado en una caja de ahorro, a la que podrá acceder una vez cumplida su condena y liberado. Así se asegura el bienestar de los familiares del condenado por la Justicia —si los tuviere— y a la vez queda garantizado un fondo económico suficiente para volver a insertarse en la sociedad con su nuevo oficio, sin la necesidad de reincidir en el delito. Varios pájaros de un solo tiro, como se ve.

Sergio Berni es el cisne negro en una alianza ubicada en la “centroizquierda” como el Frente de Todos. Al ser peronista, no se deja capturar como rehén por el ordenamiento ideológico horizontal entre “izquierda” y “derecha” y pone el oído en las calles.

Por otra parte, si un detenido con condena firme optara por una profesión en el esquema de ocupación a tiempo completo, le correspondería al Estado proveer las condiciones para que sea posible el estudio de la totalidad de la carrera universitaria en la cárcel. ¿Gratis? Para nada. Una vez recibido en la profesión elegida y cumplida su condena, el ahora profesional asumiría el compromiso de restituirle a la sociedad el costo de su educación superior trabajando para el Estado durante un periodo determinado, que podría ser equivalente a la duración de la carrera. Todo perfectamente ajustable, perfectible como la vida misma, aunque en esencia siempre se trata de lo propio y nunca tiene nada que ver con ninguna “mano dura” inhumana, innecesaria, indeseable y contraproducente para la sociedad.

Los derechos humanos reales de un individuo nunca pueden pasar por ni pueden resultar en impunidad para quien viola la ley. Si eso ocurre, no solo hay una perversión del concepto de “derechos humanos”, sino que además tiene lugar una violación a los derechos humanos de las mayorías populares trabajadores que no delinquen. Y eso es una injusticia, lo opuesto a la justicia tan anhelada. Es probable que la construcción de una política de seguridad seria y efectiva siga siendo todo un tabú entre los que militamos la causa de los pueblos, es muy difícil romper la inercia. Pero la inseguridad en nuestro país es un problema real, crónico, es la “enfermedad endémica” en los dichos de Sergio Berni y no se irá solita a ninguna parte.

No conviene olvidar que la política es el arte de representar a los muchos y que, en la construcción de proyectos políticos de largo aliento, el grado de éxito está en proporción directa con el nivel de arraigo en el sentido común de las mayorías de los dirigentes y militantes del proyecto en cuestión. Los gobiernos son coyunturas que duran más o menos según su capacidad de evitar el microclima de los círculos políticos, poner el oído en la calle y hacer su política real en base a la satisfacción de los deseos, los miedos y las esperanzas del hombre de a pie.

Las espantosas condiciones de alojamiento en el sistema penal argentino resultan en sendos motines, pero además hacen de las cárceles una garantía de la imposibilidad de reinsertar a los presos en la sociedad: salen de allí más delincuentes que al entrar.

Así, finalmente, un gobierno tiende a alargar su coyuntura y tiende asimismo a acercarse asintóticamente a la concreción de su proyecto a medida que, en el proceso, va logrando equilibrar la aplicación del programa con la representación de los intereses objetivos y subjetivos de las mayorías populares. A la inversa, una parcialidad en la política tiende a abreviar su estancia en el poder en el Estado cuando se aleja del sentido común e intenta imponer su verdad. Los problemas sociales no desparecen si los barremos debajo de la alfombra o los intentamos minimizar en consignas ideológicas. Lo único que se logra con eso es perder la representación de aquellos que alguna vez creyeron en nuestro proyecto. Para que nuestra coyuntura sea larga y podamos realizar el proyecto de país nacional-popular necesariamente hay que atender las demandas de la mayoría de nuestro pueblo-nación. La seguridad es una de esas demandas, no es una sensación ni un relato de los medios. Es real y el peronismo se tiene que hacer cargo para que deje de serlo.


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