Quizá haya pasado inadvertido para la mayoría de los que solemos seguir la actualidad política en televisión mediante el escrutinio de los canales dichos “propios” y también de los ajenos, que son muchos más y seguramente son ajenos. Pero en la edición del 28 de marzo pasado del programa ADN que conduce Tomás Méndez en C5N el fiscal Federico Delgado dio una definición que tiene mucha utilidad para comprender no solo la aberración que supone la introducción de la llamada “Ley del Arrepentido” en la Argentina, sino además para entender cómo un mecanismo de colonización tan viejo que ya había sido denunciado por Arturo Jauretche sigue funcionando en la desorganización de nuestra sociedad y de un modo hasta insospechado. El fiscal Delgado, hombre modesto en el vestir y también en el hablar, dijo esa noche en C5N un poco “de paso” lo que debería repetirse a los gritos todos los días hasta quedar grabado de forma indeleble en la conciencia colectiva. Y por eso es necesario ahora hacer un análisis de esas 150 palabras que, con ser pocas, dicen muchísimo acerca de lo que nosotros somos y fuimos desde siempre.

Nuestro país transita quizá la etapa más crítica de su joven construcción política desde sus albores a comienzos del siglo XIX. Por una parte, en estos días convulsionados se resuelve el futuro del país en el corto y en el mediano plazo al realizarse unas elecciones en las que el pueblo-nación argentino será llamado a dar un examen final, a demostrar en las urnas si aprendió algo en los últimos tres años de debacle generalizada. Por otra, tenemos en nuestras manos la posibilidad de resolver muchos de nuestros problemas como sociedad a largo plazo, un hecho que todavía no se ve en toda su claridad. En aquello que parece no pasar de un escándalo involucrando a fiscales, jueces, servicios de inteligencia, empresarios y dirigentes políticos puede estar para la Argentina el punto de inflexión entre el estatus de sumisión colonial y la segunda y definitiva independencia. Todo esto parece ser enorme y parecería superar largamente lo dicho por un fiscal en un programa de televisión o lo que podamos escribir nosotros en estas páginas, pero no deja de tener aquí —en los dichos del fiscal Delgado y en la teoría de liberación nacional implícita en esos dichos y que nos disponemos a exponer— su punto de partida.

Tal vez sin quererlo o inconscientemente, el fiscal Delgado citó a Arturo Jauretche en su exposición de lo que significa el haber importado de Occidente la “Ley del Arrepentido” como herramienta para hacer justicia allí donde el Poder Judicial se declara incapaz de impartirla. El escándalo a partir de las evidencias encontradas en poder de un vulgar espía como Marcelo D’Alessio no es otra cosa ni tiene otro origen que esa “Ley del Arrepentido” y, habiéndose abierto la caja de Pandora por el juez federal Alejo Ramos Padilla, veremos ahora que la introducción de dicha ley puede resultar en que resolvamos el problema inicial que inicialmente, valga la redundancia, permitió justamente la importación de esa figura jurídica a nuestro país y abrió las puertas para sus consecuencias.

Federico Delgado, hombre de notable modestia en el vestir y en el hablar. Detrás de la apariencia de humilde funcionario se oculta la mente de un cuadro intelectual orgánico de las clases subalternas.

Parece difícil, pero es fácil. Al ser interpelado por Tomás Méndez acerca de esas consecuencias —que son todo el desparrame ocasionado por la caída en desgracia de Marcelo D’Alessio y el tremendo archivo que tenía en su poder—, el fiscal se despachó con una reflexión, sí, pero sobre las causas, sobre la “Ley del Arrepentido”. Y con la modestia que tanto lo caracteriza, dijo lo siguiente:

“La importación de figuras que vienen de otros sistemas jurídicos a la Argentina, ese es el drama ontológico de la Ley del Arrepentido. Primero porque es extraño a nuestra cultura y segundo porque no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento supone una cuestión moral, que uno tiene una introspección y se arrepiente frente a alguien. Estos son mecanismos de negociación. La verdad queda sujeta a la negociación entre dos personas, una que representa el Estado y la otra que tiene que decir algo a cambio de un beneficio”.

He ahí la primera parte de la cuestión, en palabras del fiscal Delgado. Al tratarse de una negociación entre un Poder Judicial que al negociar se declara de entrada incompetente para buscar la verdad por otros medios y un individuo que busca ofrecer una confesión para obtener a cambio de ella algún beneficio para sí mismo, en la “Ley del Arrepentido” hay cualquier cosa menos arrepentimiento. Lo que hay allí es la posibilidad de que un “arrepentido” diga en su confesión lo que un fiscal y un juez necesitan oír para seguir adelante con la persecución de otros, de aquellos que, en la opinión formada de antemano por el fiscal el juez, ya son culpables. No se trata de arrepentirse de nada, el “arrepentido” no tiene valor intrínseco para el juez ni para el fiscal y es irrelevante si se arrepiente, si no se arrepiente o si se esfuma en el aire. Se trata de producir una declaración testimonial que pueda ser utilizada para avanzar sobre otros, un método que no difiere mucho del apremio ilegal en los calabozos de tortura: hay que “cantar” a alguien para “zafar” uno mismo. ¿Qué pasa cuando el interrogado no tiene a nadie para “mandar al frente”? Entonces el interrogado inventa, produce una confesión en la que otros han cometido supuestos delitos. El método es cobarde y lo es fundamentalmente porque el “arrepentido” que “canta” a otros lo hace pensando primero en su propio apremio, lo que en sí es lógico y atendible. “Acá me vas a entregar a fulano y a mengano”, amenaza el fiscal o el juez. “O el que va preso sos vos”. ¿Qué haría cualquiera de nosotros en tal situación?

En términos más sencillos, el lawfare o persecución judicial con fines políticos no funciona sin la “Ley del Arrepentido” y es por ese motivo que ambos chanchullos —lawfare y “Ley del Arrepentido”— vienen importados juntos y en combo de Occidente. Visto desde un ángulo filosófico, la “Ley del Arrepentido” solo podría existir para brindar protección a quien sintiera la necesidad de denunciar crímenes o delitos de los que haya participado. Y ese arrepentimiento, en caso de ser genuino, debería ser como decía Federico Delgado en C5N: debería ser el resultado de una introspección en la que, convencido de la gravedad de sus actos, el criminal o delincuente se arrepiente de ello y se presenta de manera espontánea para colaborar con la justicia en la resolución de la causa o de las causas irresueltas. Por su colaboración en el subsanar una situación de impunidad, entonces sí, se le beneficia al arrepentido con una reducción del castigo a hasta con su remisión.

Pero eso no es lo que ocurre en Argentina, donde la “Ley del Arrepentido” fue importada para apuntalar y viabilizar un lawfare, también importado. Aquí lo que pasa es que jueces y fiscales se reúnen en la habitación de un hotel y producen las fotocopias de unos cuadernos en los que figuran, además de los dirigentes políticos que son el objetivo de la persecución judicial, los nombres de una gran cantidad de individuos sin mayor relevancia pública. Ya en poder de esa “prueba” forjada por ellos mismos, los jueces y los fiscales empiezan a tomarles “declaración testimonial” a esos personajes secundarios, pero no hay ninguna declaración. Se los aprieta y se los amenaza, se los chantajea, se los extorsiona: tienen que entregar a otros, que también figuran en las fotocopias de los cuadernos —cuyos originales nunca aparecen porque, precisamente, no existen— para poder “zafar” del castigo. Y el “zafar” del castigo solo es posible si existe la “Ley del Arrepentido” mediante, porque de otra forma no habría ningún incentivo para que los personajes de segundo, tercero y cuarto orden digan nada de aquello que fiscal y juez quieren que digan.

Hay, no obstante, un inconveniente: es muy difícil que ningún arrepentido se presente espontáneamente a declarar, puesto que la introspección necesaria para el arrepentimiento genuino no es una característica muy frecuente entre los verdaderos corruptos. Es necesario inducirlos a que se presenten. ¿Cómo? Aquí es donde entran espías e inmundos operadores mediáticos como Marcelo D’Alessio y Daniel Santoro.

El fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío, en una de sus muchas visitas a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires: ni siquiera se toman la molestia de ocultar los vínculos con el imperialismo que los promueve y los financia para que lleven a cabo la guerra judicial contra el peronismo rebelde que insiste en no arrodillarse frente al imperialismo.

Para forzar la presentación “espontánea” de los personajes que supuestamente fueron auxiliares en la supuesta corrupción relatada en los cuadernos que no existen, fiscal y juez activan los servicios de inteligencia y los operadores mediáticos que tienen en el bolsillo para que el peligro se vea y se le aparezca al candidato a “arrepentirse” como una amenaza real. Así, citado en las fotocopias de los cuadernos que nunca fueron, un empresario cualquiera recibe la visita de un espía como Marcelo D’Alessio. El espía le informa al empresario de que la cosa es grave, pero muy grave, a punto de que al otro día su reputación podría verse arruinada si saliese de la pluma de un Daniel Santoro publicados en un diario como Clarín o relatados en algún Animales Sueltos los detalles de eso que es tan grave. Al empresario no le queda otra opción que presentarse ante un fiscal como Carlos Stornelli o un juez como Claudio Bonadío a “arrepentirse” con celeridad y a evitar así mayores desgracias. Allí es donde el empresario se encuentra con que, en realidad, “arrepentirse” es “cantar” a fulano y a mengano para quedar exento de prisión. En líneas muy generales, este es el mecanismo del lawfare combinado con la “Ley del Arrepentido” al desnudo.

Claro que, en el proceso de apretar, extorsionar y amedrentar a los “perejiles” secundarios para la estrategia del lawfare que les había sido encargada por un poder muy superior al suyo, los D’Alessio, los Stornelli y los Bonadío vieron la posibilidad de hacerse un “colchoncito” en dólares, por si algo no saliera del todo bien. En las fotocopias de los cuadernos hay una buena cantidad de candidatos a “arrepentirse” y no es necesario que todos “canten” a alguien. Entonces a algunos de ellos se les exige dinero —lo que configura extorsión vulgar, sin vueltas— a cambio de una “sortija”, que es no ir a dar con los huesos a un fétido penal. En una palabra, no todos los “arrepentidos” rinden lo mismo. Algunos dicen las palabras mágicas que D’Alessio, Stornelli y Bonadío necesitan para cumplir el mandato de la embajada de los Estados Unidos, que es el lawfare. Otros, en cambio, aportan dinero para satisfacer las necesidades de espías, fiscales y jueces acostumbrados a mantener un estilo de vida inalcanzable para sus ingresos, una tradición entre los justicieros conectados con embajadas extranjeras desde el lujurioso y caro Alberto Nisman.

Por suerte, no todos los jueces ni todos los fiscales del país son adictos a las grandes sumas de dinero en efectivo. Hay jueces que van caminando al juzgado, como Alejo Ramos Padilla, y hay fiscales que se presentan en televisión vestidos como franciscanos, lo que es un tanto exagerado, aunque más acorde al nivel de vida deseable para un funcionario, como Federico Delgado. Y en esa representación casi ideal verá el atento lector las dos caras del Poder Judicial argentino: de una parte, la minoría corrupta, conectada con los servicios de inteligencia y siempre atenta a las indicaciones de las embajadas; de otra, la enorme mayoría de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales que buscan hacer justicia, muchas veces sin tener ni siquiera los elementos materiales para lograrlo. En la primera categoría están los Bonadío y los Stornelli; en la segunda, los Ramos Padilla y los Delgado. Y aquí es donde la Argentina decide su futuro a largo plazo. Si en la actual puja triunfa la banda de Comodoro Py, entonces los que triunfan son los que hoy nos dominan por la ignorancia más que por la fuerza, como diría Simón Bolívar. Pero si triunfa el modesto juzgado federal de Dolores la historia puede ser muy distinta.

El juez Ramos Padilla, al igual que el fiscal Federico Delgado, cultiva un estilo de sobriedad y austeridad muy poco común entre sus pares de Comodoro Py, que viven muy por encima de las posibilidades de sus salarios y no tienen ningún inconveniente en ostentarlo públicamente.

En su Manual de zonceras argentinas, Arturo Jauretche criticaba el proceder cipayo, presente en estas latitudes desde el vamos. La primera zoncera catalogada en ese manual es precisamente “la madre que las parió a todas” las demás zonceras y, “en particular dos de sus hijas mayores”. Esa zoncera es la vieja idea de “Civilización y barbarie”, donde todo lo civilizado se encuentra fuera del país —casi siempre en Occidente—, mientras que la barbarie es toda nuestra. Es una zoncera de autodenigración, como decía el propio Jauretche, y tenía por finalidad valorar positivamente todo lo importado sobre lo autóctono, que debía entonces ser despreciado. “La idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna; enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol”, explica Jauretche en las Zonceras, haciendo un recuento histórico. “Se intentó crear Europa en América trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América”.

Ahí está el problema, según Jauretche: intentamos siempre hacer América según los estándares de Europa y nunca según los estándares de América y por eso, justamente, fracasamos. Copiamos, importamos, pero el árbol no es apto para esta geografía. Siempre es un árbol que no prospera. Y aquí está la parte en la que Federico Delgado cita a Jauretche en el programa de Tomás Méndez en C5N: en la parte de importar lo que aquí no puede prosperar porque el terreno es más adecuado para cultivos autóctonos. Dice Delgado sobre la “Ley del Arrepentido”, eso que importamos:

“Entonces son mecanismos muy complejos para insertarlos en culturas jurídicas donde la chicana y la mentira juegan un rol muy importante en la identidad jurídica argentina (…) A veces, cuando importamos soluciones mágicas sin tener en cuenta el contexto en el que se van a desenvolver, ocurren estos problemas”.

Los “problemas” son las consecuencias de la importación del lawfare y de su accesorio necesario, que es la “Ley del Arrepentido”. El problema son las escuchas, el escándalo, la guerra en el seno del Poder Judicial. Pero no son problemas en un sentido de cosa indeseada e indeseable, sino todo lo contrario: son problemas que, de ser bien resueltos por nuestra sociedad, traerán aparejados en su resolución la resolución para un problema mucho más grande, para la “madre que los parió a todos” los demás problemas, como diría Jauretche: el problema de no ser autónomos y querer importar soluciones mágicas de lugares que creemos civilizados. La independencia definitiva se dará el día que ningún fiscal o juez responda a las demandas de una embajada extranjera para torcer el destino de la patria mediante maniobras y métodos importados, el día que dejemos de querer trasplantar el árbol que destruye lo indígena, eso que no permite que seamos América según Occidente, eso que insiste en que seamos según nosotros mismos. El árbol es ese “populismo” atrevido que de tiempos en tiempos se anima a ser libre y, por lo tanto, debe ser encarcelado con lawfare y “Ley del Arrepentido” para que no joda. Al fin y al cabo estamos todos, Jauretche, Delgado y nosotros, hablando de lo mismo. Entonces ya debe faltar poco para que resolvamos el problema. Menos mal que ya falta poquito.

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