En una actitud que fue recibida con sorpresa por muchos y con indignación por otros tantos, Mauricio Macri se expresaba en Twitter el último 24 de marzo para anunciar que el gobierno de los Estados Unidos le había confirmado la desclasificación de una nueva tanda de documentos relacionados a la dictadura cívico-militar que se impuso sobre la Argentina entre 1976 y 1983. Esos archivos —según informaba Macri en su tweet— serían entregados a la Justicia argentina el próximo mes de abril y vendrían compuestos por “una importante documentación militar”. Para cerrar, acompañaba el mensaje una austera imagen de color azul sólido, sobre la que podía leerse lo siguiente: “24 de marzo. A 43 años”. Fin del comunicado.

Macri afirma que su gobierno viene solicitando en los últimos tres años la desclasificación de esos documentos ante el gobierno de los Estados Unidos y que, gracias a esas gestiones, Washington ya hizo dos entregas de material desde entonces. Y ahí está la lectura semiológica del mensaje que suscitó la indignación de muchos: Macri estaría haciéndose pasar por un defensor de la causa de los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia para los crímenes de la dictadura genocida de los años 1970 y 1980, cuando ya sabemos que Macri representa todo lo opuesto. ¿Por qué?

Por una cuestión nietzscheana. De acuerdo con la teoría del filósofo alemán decimonónico Federico Nietzsche, habría una predominancia de la interpretación sobre los hechos interpretados, lo que equivaldría a decir que lo importante no es tanto lo que realmente es, sino cómo se hace el relato de eso. No estamos ya en el siglo XIX, pero hay pocos con ganas de refutar la teoría de Nietzsche en estos tiempos de posmodernidad mediática, construcción de realidad paralela y noticias falsas volando por las redes sociales. Es más bien materia de consenso el que los hechos son irrelevantes frente a la interpretación que hacen de ellos los que tienen la voz lo suficientemente potente para difundir y generalizar dicha interpretación como si fuera la realidad misma. En otras palabras, ya estamos todos de acuerdo en que lo real es lo que las mayorías creen que es real y eso casi nunca tiene que ver con lo que consideramos que es la realidad.

Entonces es perfectamente posible la construcción de la imagen de un Macri de modo genérico —un Macri entendido como las fuerzas políticas de nuestra oligarquía dominante— alejado de los golpes de Estado, las dictaduras y acercándose a la causa de los derechos humanos, de la democracia. Es posible, como veremos ahora, instalar que algo o alguien es lo opuesto a lo que realmente es. Uno de los símbolos de la dictadura de los 1970 y 1980 puede verse hoy, a 40 años de aquello, hasta como un símbolo de la resistencia a la dictadura si la estrategia de comunicación es adecuada y existe el apoyo de los medios en la difusión de la idea. Siempre habrá minorías memoriosas que van a reírse de semejante ridiculez, pero eso importa poco. Lo que va a imponerse es la opinión de las mayorías, como siempre, y esa opinión viene formada desde arriba.

Mauricio Macri y su jefe de gabinete, el inefable Marcos Peña Braun, conspirando las 24 horas de día para producir una gestión simbólica que tape los baches de su inexistente gestión política. La falsificación del hecho mediante una interpretación delirante es una de las especialidades de Peña Braun, un digno representante de su estirpe oligárquica.

Nuestras clases dominantes oligárquicas quieren despegarse del siniestro papel que jugaron en aquel golpe y en aquella dictadura, como se han despegado de su responsabilidad en los golpes y dictaduras anteriores a los de 1976. La rigurosidad histórica indica que la oligarquía animó todos los golpes de Estado en la Argentina desde 1930 en adelante y, lógicamente, se benefició de cada una de las dictaduras que resultaron de esos golpes de Estado. Al tratarse de una clase social antinacional y cipaya por naturaleza, la oligarquía argentina sostiene un proyecto de país que es más bien un proyecto de colonia. Para nuestra oligarquía, la Argentina debe “insertarse” en el mundo como productora y exportadora neta de alimentos y materias primas —que es lo que produce y exporta la propia oligarquía, dueña de la tierra en nuestro país—, un esquema muy perjudicial para el país, aunque muy beneficioso para quienes lo explotan. La conclusión necesaria es que la oligarquía argentina solo puede ser socia de los que explotan las riquezas de la Argentina, que son los países del llamado “primer mundo”, las potencias imperialistas, y las corporaciones trasnacionales normalmente basadas en esos lugares. La oligarquía argentina es socia allí en el sostenimiento de un estatus semicolonial que enriquece a unos pocos en el plano local y favorece siempre a las potencias y las corporaciones, por razones obvias.

La naturaleza de la oligarquía argentina y latinoamericana en general, al ser antinacional y cipaya, es necesariamente además golpista: hasta 1976, cada vez que en Argentina se quiso llevar a cabo un proyecto alternativo al del yugo colonial sostenido por la oligarquía, hubo problemas políticos graves. Siempre que el pueblo-nación argentino optó por un un proyecto político que se proponía cambiar la matriz productiva nacional de una economía primaria basada en la producción de alimentos y materias primas en crudo a un modelo económico industrial, agregando el valor que el campo no agrega y generando los empleos que el campo no genera, ese proyecto político fue derrotado y destruido por un golpe y el pueblo-nación argentino fue sometido a una dictadura más o menos larga. El golpe fue siempre la reacción y detrás de la reacción siempre estuvo la clase social cuyo interés es la conservación del statu quo. Todos los golpes de Estado en la Argentina fueron animados por la oligarquía antinacional y cipaya.

Por razones que no son menos lógicas, es fácil deducir que el apoyo a un golpe por parte de una clase social va a ser determinante en el resultado final del golpe en cuestión. Después de cada uno de los golpes de Estado contra gobiernos no oligárquicos que se realizaron en Argentina durante el siglo XX (1930, 1955, 1966 y 1976) se instalaron en el poder político los golpistas con uniforme, que son los militares. Pero el proyecto político de esos gobiernos de facto nunca fue obra intelectual de ninguno de esos militares golpistas, sino precisamente de los civiles pertenecientes a la clase social que animó los golpes. De un modo muy simplificado, en la alianza cívico-militar golpista de la Argentina del siglo XX los militares pusieron el cuerpo, pero el cerebro siempre lo pusieron los oligarcas.

El diputado Nicolás Massot es un clásico ejemplo de civil de la dictadura que vuelve a gobernar. Aunque nació en 1984, Massot es heredero del Grupo La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, una empresa mediática que animó y se benefició del “Proceso de Reorganización Nacional”. El Grupo La Nueva Provincia vuelve a gobernar en Nicolás Massot porque no hemos sido capaces de juzgar y condenar a los civiles de La Nueva Provincia.

Así es como se explican los retrocesos sociales, institucionales, económicos y políticos que se verifican en las dictaduras que sucedieron los golpes de 1930, 1955, 1966 y 1976. La explicación está en la restauración del proyecto político antinacional y cipayo de la oligarquía, que consiste en desarticular y luego desmantelar todo progreso del país hacia una matriz productiva industrial, o en la restauración de la economía primaria de semicolonia productora y exportadora de alimentos y materias primas a las potencias industrializadas. Por más que haya tenido éxito en señalar a los militares como responsables por la debacle resultante de los golpes de Estado y sus dictaduras, la oligarquía no puede ocultar del todo el hecho de que esos golpes se hicieron y esas dictaduras se impusieron con el objetivo de hacer prevalecer su voluntad, que es la firme resolución de priorizar los intereses de las potencias extranjeras, sus socios, sobre los del pueblo-nación argentino.

La operación despegue

Nadie querrá ni podrá decir que los militares golpistas de 1930, 1955, 1966 y 1976 son inocentes palomas utilizadas por la oligarquía, por supuesto. Al fin y al cabo, fueron los militares los que pusieron las armas, la fuerza, la traición y el crimen. En la alianza cívico-militar es la pata militar la que ejecuta el golpe y la que instala la dictadura, aunque el gobierno lo lleven otros. Pero tampoco es conveniente hacer lo opuesto, a saberlo, poner toda la responsabilidad en las botas, porque así lo que se logra es invisibilizar una parte fundamental de la alianza. Y cuando eso pasa, cuando esa invisibilización ocurre, entonces alguien se sale con la suya habiendo hecho un daño.

Eso fue lo que los argentinos hicimos desde 1983 a esta parte. Y si bien es cierto que en el discurso hablamos de lo cívico-militar y aparece con alguna frecuencia la tibia idea de una “complicidad” civil en la dictadura, lo cierto es que hemos puesto todo el foco sobre los militares ejecutores de los golpes de Estado durante el siglo XX. Cuando hablamos, por ejemplo, de la mal llamada “Revolución Libertadora”, pensamos en Lonardi, en Aramburu, en Rojas. Pensamos en los fusilamientos, en todo lo que se refiere a la ejecución del golpe y a los militares en general, que fueron lo visible en el proceso. Lo que menos hacemos es pensar en los intereses de la oligarquía, la clase social dominante que destruyó las políticas de Perón a partir de 1956 e hizo retroceder el país hasta la Década Infame.

Lo mismo pasa en nuestro proceder respecto al llamado Proceso de Reorganización Nacional que gobernó a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Desde el Juicio a las Juntas durante el alfonsinismo hasta la reactivación de las causas contra los militares involucrados, durante el kirchnerismo, fuimos muy exitosos en darles castigo a esos militares. Bien mirada la cosa, no se nos puede escapar que el pueblo-nación argentino es el único en la historia de la humanidad que ha sido capaz de hacer justicia con sus propios ejecutores genocidas. Hasta los muy desarrollados alemanes necesitaron la intervención de un tribunal ajeno para juzgar a sus nazis entre 1945 y 1946, con lo que dieron los alemanes una declaración de incompetencia para hacerlo.

Entonces la Argentina tuvo la capacidad de hacer justicia con sus golpistas y sus genocidas. Y tuvo el coraje de hacerlo a los pocos meses de finalizada la dictadura de los monstruos, lo que constituye un hecho histórico de enormes magnitudes que los argentinos no solemos valorar correctamente: fuimos capaces de hacer lo que los alemanes no se animaron, de enfrentarnos a la miseria propia que los españoles y los brasileros, por ejemplo, no quisieron ni ver. Hicimos justicia al fin. Hay casi 700 condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina, en su gran mayoría militares, policías y agentes del servicio penitenciario. Botas, en una palabra. Hemos hecho justicia con las botas, pero fallamos en identificar y castigar a los que se sirvieron de las botas para imponer un proyecto político cuyos contenidos fueron muy perjudiciales para el pueblo-nación argentino. En el castigo a la alianza golpista cívico-militar nos concentramos en lo visible, que es la pata militar de alianza: de los casi 700 condenados por crímenes de lesa humanidad hasta aquí, tan solo unos 60 fueron civiles, en su mayoría agentes de inteligencia.

Pero los civiles que animaron el golpe de Estado de 1976 y se beneficiaron de la dictadura que resultó de dicho golpe no hacían tareas de inteligencia ni tenían por objetivo la tortura y la desaparición de personas. Esos civiles estaban muy lejos de las tareas operativas de la dictadura y el genocidio para ellos fue tan solo un medio para obtener el fin. Vinieron a robar y delegaron el matar en manos de otros para que el robo se llevara a cabo exitosamente. Cuando invisibilizamos a esos civiles o hablamos de su “complicidad”, estamos funcionando en la estrategia de comunicación que ellos han desplegado desde siempre para instalar la idea de que la oligarquía nada tiene que ver con las dictaduras, con sus crímenes de lesa patria y lesa humanidad, o bien de que, en todo caso, algunos individuos muy puntuales fueron “cómplices” en esos crímenes. Lo que jamás aparece es que la oligarquía como clase social fue, es y siempre será ella misma la dictadura. Ni ajena ni cómplice: directamente mentora, artífice y rectora de esos procesos de restauración conservadora.

La estrategia de la oligarquía para despegarse de su propia obra funcionó, sigue funcionando y los resultados están a la vista. No hemos podido avanzar de modo significativo con el juicio y el castigo a los civiles de la última dictadura y si apenas cayó alguno sin botas ni uniforme, ese individuo está muy lejos de pertenecer a la clase dominante. Puede aducirse que uno de los condenados por delitos de lesa humanidad fue el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y que, como es sabido, los Martínez de Hoz son la propia oligarquía en carne y hueso, pero hay problemas. Martínez de Hoz cayó porque entre los de su clase fue el que más “puso la cara” al asumir el Ministerio de Economía durante el gobierno de facto de Videla para garantizar la aplicación del plan económico del imperialismo en Argentina. Por lo demás, a diferencia de Videla, Martínez de Hoz murió plácidamente en su casa, a la edad de 87 años, gozando del beneficio de la prisión domiciliaria.

No es aceptable que Martínez de Hoz haya tenido ese final, pero más inaceptables son las consecuencias del hecho. La impunidad del individuo beneficia a su clase social y así, al ser beneficiada simbólica y sistemáticamente por un perdón indebido, la oligarquía siempre queda habilitada para construir nuevas alianzas golpistas y para imponer restauraciones de su proyecto político de tiempos en tiempos. He ahí, en muy resumidas cuentas, el problema: si no los castigamos, ellos vuelven.

Si el atento lector no estuviera del todo convencido acerca del poder de disuasión que tiene el castigo ejemplar, solo tiene que observar el comportamiento de los militares argentinos antes y después del Nunca Más, del Juicio a las Juntas y de la reactivación de los juicios a los responsables a partir del año 2003. Antes de eso, frente a la más mínima inestabilidad política había movimientos en los cuarteles, los militares entraban a jugar. Durante el siglo XX hubo seis golpes de Estado exitosos y por lo menos otros dos que fueron abortados. Ahora, no obstante, es tarea casi imposible sacar a los militares de los cuarteles con consignas políticas. ¿Por qué? Porque los militares del pasado que se volvieron contra el orden constitucional fueron castigados y los militares del presente lo saben. Lo mismo no pasa con los civiles y más bien pasa lo opuesto: tienen la certeza de la impunidad y por eso no dudan en atropellar, siempre y cuando logran reunir los recursos y las condiciones necesarias para hacerlo. Esa impunidad es resultado, como veíamos, de una exitosa estrategia de instalación de la idea de que las dictaduras son militares y los civiles no tienen nada que ver con sus causas y consecuencias.

Nunca se fueron y siguen ahí

Los recursos y las condiciones para llevar a cabo un golpe de Estado no son cosas muy fáciles de reunir. Para empezar, con los militares bien escarmentados por los juicios que se realizaron durante el alfonsinismo y luego se retomaron en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se reduce la posibilidad de volver a contar con las botas para golpear la democracia y hacerse del poder político en el Estado por la fuerza de las armas. He ahí un importante recurso con el que la oligarquía ya no puede contar y, puesta en términos acordes a la posmodernidad, la cuestión ahora pasa a ser “reinventarse”.

Ya la propia Cristina Fernández advertía, en el año 2012, que la oligarquía se estaba “reinventando” ante la imposibilidad de poder contar con las armas de los militares para restaurar su proyecto político semicolonial. Cuando el Grupo Clarín obtuvo la famosa medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual —la llamada “Ley de Medios”—, Cristina habló en un acto realizado en Plaza de Mayo y fue muy clara, aun valiéndose de una metáfora: “Cuando a algunos les fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para poder tumbar. Alguien anda diciendo por ahí que con cuatro fallos se cae el gobierno”, decía Cristina sobre el “reinventarse” de las clases dominantes al cambiar las armas de fuego de los militares por otras armas. Los “fierros”, en el decir de Cristina y en la jerga de la militancia en nuestro país, son literalmente las armas, como en la expresión “los milicos tienen el poder porque tienen los fierros”. En el pasado, la oligarquía pudo contar con esos “fierros” no metafóricos, pero eso es actualmente imposible. ¿Cómo reinventarse? Pues haciéndose de nuevos fierros: los mediáticos y los judiciales.

José Alfredo Martínez de Hoz, junto a Henry Kissinger. Martínez de Hoz fue, al interior de la dictadura cívico-militar (1976/1983) la garantía de la aplicación del plan económico encargado por el imperialismo occidental.

Le ahorraremos al atento lector un largo análisis sobre lo que Cristina ya veía en 2012 y hasta en el 2008, cuando casi fue golpeada por los fierros mediáticos con el asunto del lock-out patronal de aquel año. En consonancia con todo lo que hemos visto hasta aquí, solo diremos que en esencia y en lo que se refiere a sus resultados no difiere mucho un golpe militar de un golpe mediático, judicial o mediático-judicial. El destino es siempre el mismo: la restauración de un proyecto político regresivo, superado y nocivo para un pueblo-nación en su conjunto. Y si no difiere es porque hay algo que jamás varía, hay algo que nunca cambia. ¿Qué cosa es la que no cambia?

Lo que todavía cuesta entender es que tanto los militares como los jueces y los medios de comunicación son solo eso, medios para la obtención de un fin y nunca el fin en sí mismo. Esos poderes fácticos, el militar, el judicial y el mediático, poderes que existen de hecho sin el voto de nadie, son los recursos que el más poderoso de los poderes fácticos —el de tipo económico— utiliza alternativamente para lograr sus objetivos en cada coyuntura e imponer su voluntad, quebrando cualquier proceso de desarrollo que nazca desde el pie. En otras palabras, los golpes nunca los hacen los militares, ni los jueces y mucho menos los medios, esos son tan solo instrumentos del golpe. El golpe de Estado es siempre obra de una clase social determinada. Eso es lo que no varía porque no está fuera de nuestra vista y no podemos castigar.

Luego de superada la dictadura en diciembre de 1983, la Argentina ingresó a un proceso de juicio y castigo a los militares que dura ya casi cuatro décadas y está lejos aun de concluir. Si analizamos esta cronología en base a las premisas que venimos exponiendo hasta aquí, podemos decir que hemos estado ocupados durante 40 años en castigar a un solo instrumento de los golpistas. Son 40 años, véase bien, para quitarle a nuestra clase dominante uno de los recursos que esa clase supo utilizar para hacerse del poder político en el Estado e imponer su proyecto conservador. ¿Qué va a pasar cuando comprendamos que el ascenso de Mauricio Macri fue, en realidad, un golpe de Estado mediático-judicial? Pues probablemente tardemos otras cuatro décadas juzgando a los jueces, fiscales y operadores mediáticos (los mal llamados “periodistas”) que ejecutaron ese golpe en reemplazo de los militares de antaño. Lo que nunca, pero nunca llega es el juicio a los que están dirigiendo las operaciones desde arriba.

Marcha y Escrache de agrupación HIJOS a Massot y Blaquier. 23 de mayo de 2015, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Daniela Yechúa / ANCCOM

La cuestión está planteada y no se mueve: existe en la Argentina una clase social dominante, la oligarquía, que es socia de las potencias mundiales en la sumisión de su propio país a un esquema internacional de tipo imperialista. Cada vez que esa oligarquía sintió una amenaza a su proyecto político conservador, activó sus instrumentos para intervenir en la política, ya sea por la fuerza o por el engaño. En la primera categoría, la de la intervención por la fuerza bruta, están los golpes de tipo militar de 1930, 1955, 1966 y 1976; en la segunda, que es la estafa, está el golpe de tipo mediático-judicial de 2015. Cambia el tipo de golpe, cambian los métodos y los instrumentos. Lo que nunca cambia son los golpistas y no cambian, precisamente, porque salen impunes una y otra vez después de cada golpe de Estado que hacen.

Nunca se fueron, son los mismos y siguen ahí. El atento lector podrá protestar y argumentar que el ascenso de Mauricio Macri y de Cambiemos como alianza política fue un triunfo electoral, quizá con fraude y estafa mediante, pero electoral al fin y que, por lo tanto, eso difiere sustancialmente de los golpes de Estado que tenían las urnas “bien guardadas”. Pero no es así y es justamente la costumbre de ponderar las formas e ignorar el fondo lo que conduce al error de perseguir el instrumento y no al artífice después que la obra está terminada. Cuando hacemos diferencia entre golpes según la forma en la que se nos presentan, invisibilizamos al que hace el golpe y es siempre el mismo. Y el secreto está, por el contrario, en analizar el fondo de la cuestión.

No es muy difícil y el atento lector seguramente ya conoce los detalles de dicho análisis. Más allá de las formas, los golpes de Estado en la Argentina desde 1930 hasta el presente siempre dieron los mismos resultados en lo que se refiere a los contenidos del proyecto político que se impuso después de cada golpe. Y eso, como se ve, habla a las claras de la invariabilidad de los artífices de esos golpes. Sin ir mucho más lejos ni ahondar en cuestiones económicas específicas que harían demasiado extenso este modesto artículo, basta observar algunos contenidos que están presentes en la Década Infame (1930/1943), en la “Revolución Libertadora” (1955/1958), en la “Revolución Argentina” (1966/1973) y en el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976/1983), pero también en la “Revolución de la Alegría” que existe desde fines del 2015 a esta parte. Desde Uriburu hasta Macri, pasando por Lonardi, Aramburu, Rojas, Onganía, Levingston, Lanusse y Videla, cambian los apellidos y las caras visibles. Lo que no cambian son las mañas.

El exvicepresidente de la Nación en el segundo mandato de Cristina Fernández, Amado Boudou, denunciando como siempre la pata civil de esa dictadura y exigiendo justicia. Como esa justicia no llegó, la pata civil quedó impune y volvió a tener el gobierno, Boudou está preso. Todo tan lógico que asombra.

En primer lugar, se observa en todos esos procesos una rotura del tejido social, esto es, una desorganización de la sociedad en sus lazos de solidaridad y auxilio mutuo. La rotura del tejido social es una condición ineludible para el éxito de cualquier proyecto político orientado a beneficiar a una minoría privilegiada en un sentido de clase social. Para que la oligarquía pueda restaurar una matriz económica regresiva que destruye el empleo mediante la destrucción del aparato productivo en los sectores secundario (industria) y terciario (comercio y servicios), es fundamental que en ningún momento las víctimas de esa destrucción se organicen para detenerla. Cuando existe en el Estado un gobierno de tipo nacional-popular que aplica un plan económico opuesto, progresivo y con tendencia a industrializar y generar puestos de trabajo, el pleno empleo garantiza que los trabajadores estén organizados para la defensa de sus intereses colectivos. Entonces la oligarquía sabe que la destrucción de esa organización tiene que pasar necesariamente por el aumento del desempleo y la degradación de las condiciones laborales, de lo previsional y de todo lo que le da sentido al mundo del trabajo. Tal escenario desorienta a los trabajadores y los pone a luchar entre sí por la supervivencia propia y de sus familias, la rotura del tejido social es la reducción de la comunidad al nivel del núcleo familiar, es el repliegue de los trabajadores que antes estaban unidos y organizados entre sí para la defensa y el apoyo mutuo. Solo así es posible evitar que se rebelen contra la imposición de un proyecto político que tiende a la extinción de unas mayorías populares que estorban en un país pensado como estancia productora de alimentos y materias primas “for export”. La carne y el trigo producidos acá no son para que se consuman acá y por eso hay que despejar el terreno. Eso pasó en todos los procesos antes mencionados y pasa ahora mismo, porque el proyecto político es el mismo y es impuesto por los mismos.

Despejar el terreno y eliminar a los indeseables que existen solo para consumir aquello que la estancia tiene planificado exportar. He ahí lo que tienen en común todos los golpes de Estado como objetivo en la Argentina y también en el resto de América Latina. Para lograrlo, a los ejecutores del golpe se les encarga un genocidio, esto es, la eliminación en masa del exceso de población que es disfuncional al modelo de gestión empresarial de la estancia. Y a veces los ejecutores se toman la consigna al pie de la letra: entre 1976 y 1983, desaparecieron 30.000 argentinos a manos de los grupos de tareas de aquella dictadura cívico-militar. Pero hay otro genocidio que los golpes de Estado en Argentina llevaron y llevan a cabo y es igual de brutal, aunque mucho más nefasto tanto por lo numérico como por lo silencioso de su aplicación. El genocidio por goteo es la forma más eficaz de hacer retroceder a las mayorías populares porque puede liquidar a decenas y hasta cientos de miles por año sin hacer ruido.

Todos los procesos de restauración golpista, como decíamos, llevaron y llevan a cabo el genocidio por goteo. Privar a los jubilados de los medicamentos y los medios de existencia en general resulta en abreviar sus vidas en muchos años. En la otra punta, la desnutrición infantil, la ausencia de controles médicos y de campañas de vacunación se cobran la vida de miles de niños. Y en el medio, la destrucción de las condiciones dignas de existencia que solo el trabajo estable garantiza va a resultar en que las familias tengan menos hijos o no los tengan en absoluto, mientras la degradación del nivel de vida en las clases populares aumenta la mortalidad infantil entre los que no llegan a cumplir el año de vida. En una palabra, lo que la oligarquía golpista hace al arrebatar el poder político en el Estado por la fuerza o por el engaño es diezmar la población que, desde su punto de vista, está ocupando ilegalmente la estancia.

Arturo Jauretche decía que la Argentina de la oligarquía terrateniente era una construcción política en la que entraban diez millones de personas, de las que 5.000 pertenecen a las familias dueñas de todo, un millón a una parodia de “clase media” dedicada a la administración de los negocios de aquellas familias y del Estado, y nueve millones —léase muy bien— de peones pata al suelo, lo más cercano posible al infraconsumo, que es para que no falte la mano de obra barata en el campo ni en la ciudad. No es ninguna casualidad, está bien lejos de serlo y la Argentina llega a tener sus 10 millones de habitantes alrededor del año 1930, que es cuando tiene lugar el primer golpe de Estado del siglo XX para derrocar a un Yrigoyen que, mal o bien, estaba interesado en ver cómo incluir a las mayorías para que no hubiera tanto peón pata al suelo en el supuesto país de la abundancia.

El camino por recorrer y aprender

La miseria de las mayorías en los proyectos políticos de la clase dominante oligárquica no es un accidente ni resulta de errores del gobierno. Es una miseria planificada, es el desiderátum del país campo de concentración en la previa del exterminio masivo que despejará el terreno de la estancia para que la producción fluya hacia los mercados de las potencias centrales y la oligarquía no tenga que afrontar los costos de mantener a una población que no le es redituable para nada. He ahí el por qué de la tensión alrededor de programas como el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) peronista, que centralizaba en el Estado el comercio exterior de granos y destinaba una parte del rédito a la promoción de la industria o como las retenciones a la exportación de soja, mediante las que el Estado, partiendo de la premisa de que las estancias no son países independientes y deben beneficiar al conjunto de la población, retiene una parte del dinero obtenido con las exportaciones para invertirlo luego en el mismo país. El oligarca considera que eso es un ultraje, ya que desde su punto de vista sus estancias no necesitan de la existencia de Argentina ni de los argentinos para seguir produciendo. La tensión está en lo que decía Jauretche y en lo que aquí exponemos: el genocidio por goteo debe resolver el problema del “exceso” de población improductiva —siempre desde el punto de vista del oligarca— y por eso se implementa tras cada golpe de Estado, sea militar o mediático-judicial.

La lista de políticas que vamos a encontrar en todos los procesos de restauración conservadora es inmensa y nos lleva a concluir que se trata siempre del mismo proyecto político. Y, para peor, siempre de los mismos artífices. Cuando el buen sentido popular del pueblo-nación expresa en su cultura la realidad de unas penas que son de nosotros y de unas vaquitas que son ajenas o representa a los dueños del país siempre con las mismas caras, está refiriéndose a eso. De alguna manera el argentino tiene conciencia de que vive una historia cíclica, una historia en la que aparecen gobiernos de un signo y luego del signo opuesto allí donde uno de esos signos representa la destrucción y la muerte. Lo que el pueblo-argentino en su conjunto no comprende aun es que detrás de ese signo de muerte hay una clase social dominante cuyos integrantes no varían, porque se hacen suceder por sus hijos y nietos de manera indefinida. Es una clase social cristalizada, es una suerte de casta absolutamente contradictoria con los valores de aquello que llamamos democracia y se basa en la movilidad social.

Entre las nefastas consecuencias de no impartir justicia a los civiles involucrados en un genocidio está la reproducción del modus operandi. Como no fueron castigados y volvieron a gobernar en el Estado, reeditan los métodos que en el pasado les han dado muy buenos resultados. Uno de esos métodos es el apremio ilegal seguido de desaparición forzada.

Todavía no hemos aprendido a observar el comportamiento de esa clase social para ver cómo ella interviene para truncar el desarrollo del país a cada instante en la defensa acérrima de sus intereses, que no coinciden con los intereses del pueblo-nación argentino y sí con los intereses de los que ven la Argentina como un proveedor de alimentos y materias primas baratas. Lo que no hemos desarrollado a lo largo de nuestra joven construcción política y en la formación de nuestra incipiente cultura es la capacidad de ver más allá de las formas e identificar al verdugo.

No va a ser fácil desarrollar esa capacidad y menos frente a una oligarquía experta en la técnica de esconderse detrás de sus instrumentos. Cuando un personaje como Mauricio Macri hace la construcción de un relato para interpretar falsificando los hechos y empieza a despegarse del instrumento golpista de tipo militar, esa es una señal de que ese instrumento está obsoleto y ya fue reemplazado por otro, mientras todavía marchamos los 24 de marzo para repudiar la imagen de una gorra y de unas botas que para la oligarquía que las ha utilizado ya son anécdota. Y mientras eso pasa, la mayoría de nuestro pueblo aun no entendió que esa gorra y esas botas hoy son los “periodistas” de los diarios, los canales de televisión y las radios, son los jueces y los fiscales que bajo la excusa de la “investigación” persiguen políticamente y encarcelan para sacar de circulación a los que se atreven a pensar en un país con menos peones pata al suelo, a los que repudian el infraconsumo. Los militantes estamos apuntando mal, la mayoría del pueblo está muy lejos de haber entendido el truco y no habrá salida de esta encerrona hasta que vayamos directamente a la fuente del problema y les demos juicio y castigo sin olvido ni perdón a los pocos individuos que desde tiempos inmemoriales vienen impidiendo que la Argentina sea justa, libre y soberana. Esos individuos están en la clase dominante de siempre y esa clase es la oligarquía. Tenemos que ir por ellos y castigarlos para que no vuelvan nunca más.

*Erico Valadares