“Estamos saliendo del infierno”, decía Néstor Kirchner, allá por el año 2004.

Este 24 de marzo es un buen día para hacer un breve repaso con memoria, porque la dictadura no fue solo el golpe de Estado que inició ese infierno, sino que fue la instalación violenta (con notable persistencia en la actualidad) de una forma de ver el mundo —la neoliberal— y el intento de cancelación de muchas otras. La peronista, fundamentalmente, que puede verse tanto en el adulteramiento calculado de la figura de Isabel Perón, como en todo el arco de negacionismo tradicional de los sectores funcionales a la oligarquía. Por desgracia, muchas de sus herencias siguen latentes: las mismas consecuencias de las mismas recetas económicas, la industria (conducida por intereses foráneos) de la división nacional, el cipayismo y la prensa canalla, entre otras.

El baño de sangre, los 30.000 desaparecidos, torturados, las 490 personas que nacieron en cautiverio. Esos son los hechos macabros que están a flor de piel. Sin embargo, los fines de la “reorganización” fueron más allá. En años y en hechos, ya que los civiles y militares que la llevaron a cabo respondían a un proyecto regional de largo plazo que el imperialismo internacional había masticado durante años.

La dictadura arrasó el tejido social, fragmentando la sociedad en sus capas medias y bajas y fortaleciendo a las minorías de la cúpula. A través del miedo sistemático, en materia de interacción cotidiana, reemplazó todo tipo de sentimiento de solidaridad colectiva por conductas tales como la desconfianza, la indiferencia, el cortoplacismo, la especulación, el individualismo, la competencia voraz entre pares y el alejamiento de la sociedad de cualquier tipo de actividad política con vocación colectiva (el famoso “no te metas”).

Profundizó el proceso de colonización cultural y la extranjerización de la economía: la deuda externa se multiplicó por seis. La inflación acumulada entre 1976 y 1983 fue del 517.000%.

Destruyó la matriz económica-productivo industrial del país, acoplando la economía a la voracidad del capitalismo financiero. A gusto y piacere de los grupos económicos nacionales y extranjeros, instaló con sangre las reformas estructurales que significaron una transferencia masiva de ingresos desde las mayorías trabajadoras a las minorías especuladoras y empresarios cómplices, que hoy siguen operando (Grupo Clarín, Ledesma, Ford, Acindar, Techint, Mercedes Benz, etc.). Se cerraron 20.000 fábricas y se abrieron 340 centros clandestinos de detención, un dato que habla a las claras del “modelo”.

Inició el proceso de autodestrucción del Estado como organizador económico y social para darle paso a la gran finanza internacional como tal, pulverizando cualquier resabio de conciencia nacional a través de la perdida vertiginosa de soberanía en todos los ámbitos. En términos sociales, esto significó, por ejemplo, un aumento vertiginoso del mecanismo de autodenigración que hoy se sostiene, principalmente, en ciertos conglomerados de clase media, donde se preferiría ser ciudadano norteamericano, o londinense: los “países serios”.

Este proceso de degradación planificada de las instituciones de la Patria y de su violento y deliberado divorcio del pueblo no detuvo su avance ante un poder estatal asfixiado por el peso de la deuda y diezmado en su margen de maniobra, como el que tuvo lugar durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con quién retornó la democracia, una democracia restringida y con la justicia social vedada. A la propia impericia económica que caracterizó al gobierno de Alfonsín se le sumó un proceso constante y acelerado de disminución de la autoridad estatal, hasta desembocar en el desastre organizado que fue la hiperinflación.

Con el terreno económico y sociocultural ya preparado, el proyecto neoliberal fue profundizado a través de las instituciones estatales por un gobierno democrático, el de Menem, quien fue el representante sistémico de un agresivo contrabando ideológico al interior de todas las fuerzas nacionales, coronado por el Consenso de Washington a nivel global. Finalmente la Alianza (un experimento progresista adaptado al esquema socialdemócrata light que requiere el neoliberalismo), con una combinación perfecta de cobardía e ineptitud, tomo el timón, por supuesto, sin cambiar un ápice el rumbo al que sus patrones (banqueros, financistas, empresarios, etc.) querían llevar al país, desembocando aceleradamente en el estallido de 2001.

En este contexto, la objetividad de los monopolios mediáticos era incuestionable y, por ende, la culpa de la crisis la tenía “la política”. Mucho menos cuestionado era el origen de su poder y su complicidad con la dictadura. Los operadores mediáticos y económicos gozaban de total impunidad, corroyendo la autoestima nacional con “la vergüenza internacional” que significaba ser argentino en 2001. “Tramposo”, “corrupto”, “inútil” y otros dardos envenenados hacia la subjetividad nacional salían de los dueños de la opinión publicada.

Los operadores trabajaron sobre el índice de “riesgo país”, es decir, convirtieron al ciudadano común en un defensor indirecto de los intereses de los vampiros que nos chupaban la sangre día a día. La herencia de todo este proceso cultural es que casi toda la cultura política actual vive sumida en la idea de que “ser honesto” significa, en realidad, ser un dirigente o candidato que nunca enfrentó al poder real. Este tamiz lo aporta el termómetro de honestismo, manipulado por la conjunción del poder mediático-judicial.

Venimos del infierno del olvido, de eso no hay duda. Pero algo habremos hecho para empezar a salir de él. Por eso, la memoria es un ejercicio permanente y obligatorio para recordar siempre que los peronistas debemos lograr la suficiente soberanía intelectual sobre la interpretación y el conocimiento de nuestra propia historia, que no es otra que la de la Patria.

*Bonifacio Palacios.